Tomado de http://hijosprensa.blogspot.com.ar/
El Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros
Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de
sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar
algunos lugares por sobre el conjunto de la ex dependencias militares y
policiales del Terror de Estado, a “resignificarlos” como si se tratara de
cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su
proyecto político, o bien como simples emprendimientos inmobiliarios públicos o
privados.
Desde junio de 2011 existe una ley nacional (N° 26.691) que declara
Sitios de Memoria a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de
represión ilegal hasta diciembre del ‘83. Claro, el articulado destaca que la
ley comprende sólo los lugares sobre los que existen “pruebas suficientes sobre
su funcionamiento como CCD” y que la constatación se hará sobre la base del
informe de CONADEP, del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los
testimonios en procesos judiciales.
La responsabilidad de la secretaría de DDHH de Nación en este tema es
central, no sólo porque gestiona el ANM, sino porque según la ley es autoridad
de aplicación de políticas que completen las investigaciones sobre los Sitios,
actualizar su nómina, gestionar la cesión de los espacios, preservarlos,
recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió.
Ocurre que, a través de la
Red Federal de Sitios de Memoria, la Secretaría que conduce
Martín Fresneda se ha dedicado exclusivamente a lo que denominamos la política
de “la baldosa y la foto”. Al 24 marzo 2013, el área de prensa de la Secretaría informa
triunfalmente que “ya suman 60 los lugares señalizados en todo el país por
estar vinculados al terrorismo de Estado”, es decir que, aun siendo la
señalización una acción sesgada del organismo por sobre su responsabilidad de
investigar y preservar los espacios, sólo han señalizado el 10 % de los 600 CCD
identificados por la CONADEP
hace 28 años.
Cuatro experiencias concretas ilustran la desidia que señalamos sobre los
Sitios de Memoria:
BIM3
Lo ocurrido con el predio del ex Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM3),
ubicado en 122 y 52, límite entre La
Plata y Ensenada, muestra un camino de desidias abonado con
negocios inmobiliarios del Estado.
El accionar represivo de la
Armada en la zona operaba a través de denominado “Grupo de
Tareas Nº 5”,
desde el BIM3 y en conjunto con el Hospital y Liceo Naval, el destacamento de
Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, el CCD “La Cacha”. Los marinos tuvieron
fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del
parque industrial de Berisso y Ensenada, como Swift y Astilleros.
El BIM3 funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de
los comandantes de la infantería de Marina Eduardo Fracassi, Roberto Wulff
de La Fuente
y Oscar Abriata, y han sido identificados decenas de represores como los
vicealmirantes Luis Mendía, Antonio Vañek, Pedro Santamaría, Juan Lombardo, el
capitán de Fragata Biglioni (alias “Pato”) y el capitán de corbeta Galindez
(alias “Lobo” o “Bruto”). Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval
sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de
detenidos desde y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace
décadas.
No habiendo resguardado nunca la
Justicia las 9 hectáreas del lugar como prueba judicial, la Marina se desprendió de los
terrenos en diciembre de 2000 y los cedió a un holding empresario chileno, que
propuso instalar un centro comercial con hipermercado, cines, y patio de
comidas. El proyecto generó una disputa entre La Plata y Ensenada por la
instalación de hipermercados, que se destrabó cuando la Provincia evaluó
negativamente el impacto ambiental de la iniciativa.
En julio de 2001 desde HIJOS La
Plata y la
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un
recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las
investigaciones. Tres años más tarde se propuso instalar una alcaldía para
alojar presos, a lo que se Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación.
En octubre de 2005 HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH.
nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los
represores de la FT5
y exigíamos que el presidente Kirchner expropiara para investigarlo y
darle uso educativo y cultural. Nada de eso sucedió.
En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno.
Por entonces, el rector de la
Universidad de La
Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción
de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido
“Museo de la Memoria”.
Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que
la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del
Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de
las mismas dimensiones que la
Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del
Poliducto La
Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo
rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas facultades ya
adjudicadas. En enero de 2011, al inauguar la Universidad de
Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos
para construir en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles. Y en Abril de 2012
se inauguró la nueva sede de la
Facultad de Psicología, mientras el Dr. Tauber declaraba:
“hoy comienza a tomar forma un viejo anhelo de nuestra comunidad”. Seguramente
se refería menos al ideario de Memoria, Verdad y Justicia que a la continuidad
del proyecto inmobiliario en la nueva sede de la facultad de Humanidades, obra
que se estima inaugurada para los primeros meses de 2014, y que está mucho más
avanzada que la causa N°35 por los crímenes de la “FT5”, que duerme su siesta
impune en el tribunal del hoy renunciado Juez Corazza, y tiene sólo 9
represores procesados desde septiembre de 2011.
ARANA
En la provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas vienen
injuriando la memoria de los CCD de manera repetida. Así sucedió con el predio
del Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, donde el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció el hallazgo de restos óseos
calcinados en abril de 2008 en las excavaciones realizadas en torno de un muro
que divide el patio interior del exterior del lugar. Casi instantáneamente, la
entonces secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó que
el gobierno provincial pretendía que el lugar "se convierta en un Museo de
la Memoria
porque allí están las cenizas de los militantes populares".
Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y
al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del
destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando
regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las
excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de
excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello
resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble.
Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado de Corazza solicitó al ejecutivo
bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Sin embargo, la iniciativa
oficial sobre el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron
por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba
judicial”. Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es
respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares.
Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto
jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado
titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto
de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la
exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la
misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio (…)
significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la
memoria colectiva de toda la ciudadanía”. Desoyendo toda las críticas de
los organismos, el gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la
campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio
en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un
“encuentro con la militancia 2.0”,
en exclusiva comitiva oficial y con la policía funcionando en la entrada
del predio, presentó las obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un
escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite
minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la
sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de
la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado
del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las
fosas halladas. Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el
“museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar
la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras,
cosa que aún hoy no se realizó.
La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera política de Derechos
Humanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es
en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y
asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la memoria de los
sobrevivientes y la búsqueda de los familiares mucho más de lo que el Estado
parece contemplar.
CAMPOMAR
El grandioso negociado que pende sobre el predio de la ex fábrica textil
Campomar de Valentín Alsina, partido de Lanús, sintetiza la impunidad con
tres actores: la Justicia
desestima las denuncias acumuladas por un grupo de vecinos sobre el funcionamiento
del predio en dictadura, una empresa privada socia del kirchnerismo realiza
allí un jugoso emprendimiento inmobiliario, y el poder político local y
nacional convalidan la situación de impunidad.
En julio del año pasado la presidenta anunció en videoconferencia el
lanzamiento del proyecto “Nuevo Valentín Alsina”, un emprendimiento de
departamentos suntuarios con que el intendente Darío Díaz Perez pretende
disfrazar la vista del ingreso a su partido desde Capital Federal. La
construcción es regenteada por la empresa Electroingeniería, una ex humilde
firma cordobesa fundada en los ’70 por los hermanos Ferreyra que, de dedicarse
a construir tableros eléctricos, pasó con el kirchnerismo a conformar el
poderoso Grupo Eling SA que realiza tendidos eléctricos interprovinciales y
grandes emprendimientos como Yaciretá, Termozulia y el Corredo Amazónico a
Bolivia.
Auspiciada por el Banco Provincia y el municipio de Lanús, la empresa
promociona el emprendimiento como “Edificios en Altura con Calidad de Vida, una
importante oportunidad para adquirir un inmueble en un lugar estratégico del
país. Ubicado a 15´ del Obelisco”. La inmobiliaria “Díaz Perez” de la familia
del intendente ofrece los departamentos a estrenar desde 200 mil dólares.
Con este panorama, los vecinos se decidieron a investigar el pasado del predio.
Establecieron que en Valentín Alsina era vox pópuli que en la ex fábrica
Campomar funcionó un centro clandestino de detención, que en el predio fueron
hallados dos cráneos humanos (uno entre el ‘80 y ‘82 y otro en abril del ‘84),
que en ocasiones descendían en el terreno helicópteros con personal militar,
que en las calles que circundan a predio se hallaron en dictadura ropas
manchadas de sangre, y aportaron un testigo ex detenido desaparecido que afirma
haber sido alojado en el predio en su paso por 3 CCD de la zona.
Con esa información, y el patrocinio de la Comisión Provincial
por la Memoria
(CPM) presentaron una medida de amparo ante la Cámara Federal de La Plata, encargada de
investigar los CCD del “Circuito Camps”.
En septiembre pasado los jueces Vallefín, Compaired, Nogueira, Calitri y
Alvarez otorgaron una medida cautelar para preservar el predio. Mientras
incorporaron informes de la CPM,
de la SDHN, el
EAAF, receptaron testigos e hicieron un reconocimiento del lugar. Luego la Cámara decidió extender la
cautelar, pero delimitó el alcance de la medida sólo sobre parte del predio.
Allí mandaron a Gendarmería a pasar un georradar que detecta remoción del
terreno, pero sin control judicial. Finalmente, los jueces a los que nunca les
alcanzan las pruebas para investigar a los genocidas concluyeron en que no hay
prueba suficiente para afirmar que el lugar fue un CCD y habilitaron a la
empresa a continúa construyendo con el compromiso de informar a la Cámara si se encontraba
algo. Sin embargo, el camarista platense Leopoldo Schiffrin opinó en disidencia
que como no se agotaron los medios investigativos y existe duda razonable sobre
la utilización del predio para tareas represivas en dictadura, no se justifica plenamente
el levantamiento de la medida de no innovar. Los vecinos piden que se termine
de investigar como se debe.
En diciembre pasado la política de la placa y la foto llegó a Valentín Alsina:
en un acto con presencia del intendente, de funcionarios de las secretarías de
DDHH de Nación y provincia, y de ex detenidos acólitos del gobierno K, se
señalizó la Comisaría
3ra de Valentín Alsina como ex CCD y actual Sitio de Memoria. Obviamente, no
hubo ni una palabra sobre Campomar, ubicada a 5 cuadras de allí. Nadie querría
arruinar un acto político para perder un gran negociado.
LA ESMA
Pero sin dudas el punto cúlmine de la gestión de los espacios de Memoria como
cotos del circooficialista es lo que sucede en la ex ESMA. Desde la Agrupación HIJOS La Plata repudiamos
oportunamente la afrenta a la memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos
realizada el fin de año pasado en el predio por el elenco de intrépidos y
obsecuentes funcionarios kirchneristas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación, que realizaron,
defendieron (y minimizaron el cachetazo que significó hacer) “un asado” en uno
de los mayores lugares de exterminio de la última dictadura. Frente a esta
canallada, acompañamos a la
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un
debate serio respecto al destino de los espacios de memoria.
En la “Propuesta para el predio de la
ESMA y el campo de deportes” que la AEDD hizo en 2004, mientras
se discutía ampliamente los futuros usos del espacio cedido por el Estado
Nacional el 24 de marzo de ese año, se aportaban criterios sólidos y fundamentados
para lo que se avizoraba como una utilización desmedida del predio. Los
compañeros decían claramente que para revertir tantos años de políticas de
impunidad implantadas desde el Estado era clave el reconocimiento pleno de la
existencia de centros clandestinos de desaparición y exterminio “sin desvirtuar
su significación como tales a través de su utilización para otras actividades”
y que “no puede ni debe diluirse lo que allí ocurrió detrás de otras
actividades, aunque se trate de prácticas que estén vinculadas a los DDHH en su
concepción más general”. Desde entonces, la Asociación se oponía a
lo que se venía perfilando como “la instalación de instituciones educativas u
oficinas públicas”, porque “se establecería un movimiento rutinario y cotidiano
de alumnos, profesores, funcionarios, empleados, público y proveedores e
implicaría la instalación de la infraestructura necesaria (bares, kioscos,
comedores, guarderías infantiles, playas de estacionamiento) que vaciarían de
contenido los lugares donde se planificó, se puso en marcha y se concretó un
genocidio”. Y se sugería que “no se produzca ningún cambio al tejido histórico
de valor cultural”, y que en caso de darse “los cambios que se realicen sean
esencialmente reversibles” y “tengan un impacto mínimo”.
Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la cooptación
kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de Derechos Humanos,
y que puede observarse hoy mismo con la instalación en el predio del “Espacio
Cultural Nuestros Hijos” regenteado por la Asociación
Meldorek-Madres de Plaza de Mayo, la “Casa de la Militancia”, arriendo
del sector oficialista de hijos de desaparecidos cedido por la ministra Alicia
Kirchner, el “Centro Cultural Haroldo Conti” que tutela la presidenta y gobierna
el obsekuente Eduardo Jozami, el “Archivo Nacional de la Memoria” asignado al ex
abogado respetable Ramón Torres Molina, el Canal Encuentro del cineasta oficial
Tristán Bauer, el “Instituto Espacio Para la Memoria” integrado por representantes del ejecutivo
y legislativo a la par de algunos organismos kirchneristas, y otros kioscos que
todas las organizaciones oficialistas recibieron como medida de prenda por su
incondicional apoyo al gobierno.
Alak y Fresneda pretenden continuar ahora la avanzada con un proyecto de
“Puesta Museográfica” que prevé hasta la alocada idea de ubicar una fuente en
el sótano del Casino de Oficiales de la ex ESMA. Y los HIJOS Kapital mostraron
recientemente su respeto a la historia y significación del espacio con la
realización de un video en el predio, donde los propios referentes de la
organización cantan loas a la presidenta disfrazados para un carnaval carioca.
El debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria no está cerrado,
mucho menos ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan
sobre los espacios. Pero este escándalo nos remite a otra discusión más
profunda, que tiene que ver con el rol de los organismos de DDHH en una
coyuntura como la actual. Debate que, cada vez más, no escapa a su planteamiento
en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye
generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden
establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, o
los espacios físicos recuperados al Estado de ayer para legitimar al de hoy,
sino que emerge desde la exploración teórica y práctica, en la formación y en
las calles, sobre cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella
liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura
de la realidad en que la obsekuencia pretende encerrar a los luchadores
sociales.
