Por Carlos del Frade. El hijo de Hugo Tognoli era arquero de las
divisiones inferiores de Ñuls. Su representante era, nada menos, que Roberto
“Pimpi” Caminos, el jefe de la barrabrava en tiempos de la presidencia de
Eduardo López. Aquella administración recibió la imputación de lavar diez
millones de dólares a través de una causa iniciada por la AFIP; el dueño de la tribuna, acusado de distribuir droga en la
zona sur de Rosario y el padre del pibe, por entonces alto oficial de la llamada
Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Santa
Fe, terminó siendo el jefe de la misma durante la administración del socialista
Antonio Bonfatti. Sus vinculaciones con el narcotráfico eran conocidas desde
hacía tiempo.
“Las evidencias contra el jefe policial surgieron a partir de la
investigación de una red de trata de mujeres: en una escucha telefónica, el
dueño de un prostíbulo le preguntó a un comisario mayor la forma de arreglar
para vender cocaína; mediante un mensaje de texto, el comisario mayor Oscar
Ledesma respondió que debía pagar 30 mil pesos (por mes) directo con Tognoli. En
el expediente hay además otra prueba de máxima importancia: un jefe narco que
estaba siendo investigado recibió la información de que lo estaban siguiendo
autos desconocidos. El sospechoso logró escapar. Luego se supo que alguien había
consultado en el Registro de la Propiedad Automotor por las patentes de
vehículos y le informaron que pertenecían a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria. Esa consulta, que requiere de un código y una clave personal, fue
hecha –según consta en el expediente- a las 18.08 del 25 de noviembre de 2011
por el comisario Hugo Tognoli”, sostenía la información.-Me tomó de sorpresa – dijo Raúl Lamberto, ministro de Seguridad del gobierno socialista, militante de décadas del partido de la rosa y conocedor de la historia de la provincia y la evolución de sus factores de poder. Fue una triste declaración.
El caso del comisario Tognoli, jefe de la policía del segundo estado de la Argentina, pone en crisis institucional a los tres poderes de la república: el ejecutivo que lo nombró y que nunca quiso combatir la relación entre la policía y el narcotráfico; el legislativo donde todas las fuerzas políticas han mirado para otro lado en los últimos 30 años que es la misma edad que cumplirá la democracia y el increíble poder judicial que desde finales de los años noventa tiene investigaciones donde queda en evidencia que el mayor cartel de distribución de drogas en la provincia es la propia policía. El caso más emblemático es el asesinato de Sandra Cabrera, la dirigente que logró constituir un sindicato con las trabajadoras sexuales, denunció la corrupción policial con la que pasaron a disponibilidad al entonces oficial Walter Miranda, de Moralidad, Pública, hoy convertido en jefe de la policía rosarina y en cuyo expediente se ratifica que los integrantes de la provincial y la federal extorsionan a las meretrices para vender cocaína.
Que el jefe de la policía sea el jefe del mayor cartel de distribución de drogas en la provincia de Santa Fe es, de por si, una vergüenza enorme. Supera la imaginación de Francis Ford Coppola que al escribir el guión de la trilogía de “El Padrino” nunca vinculaba al jefe de policía con los mafiosos. En la realidad santafesina, si. Coppola es un simple relator de pasquines ante la dimensión del narcotráfico por estas pampas.
Las estadísticas oficiales sostienen, en sus primeras mediciones, que entre 1973 y 1988, el negocio de la cocaína en la provincia fue de 3 kilogramos de cocaína secuestrados en esos quince años. Una cifra absurda pero oficial. A razón de doscientos gramos por año. A mediados de 2012, la cantidad de cocaína secuestrada era de 200 kilogramos. Es decir, 200 mil gramos. En un cuarto de siglo el negocio se multiplicó por mil. No hay otro medio donde el dinero se multiplique de tal forma.
El problema es el lado oscuro del crecimiento patrimonial de jefes policiales, contadores, abogados, grandes empresarios y narcos; la cantidad de pibas y pibes asesinados en los últimos diez años como consecuencia de los “ajustes de cuentas” entre bandas siempre relacionadas con La Santafesina SA. Ese costo enorme de sangre joven es proporcional al silencio cómplice e hipócrita de los tres poderes del estado. Nacional y provincial.
La lucha contra el narcotráfico es la lucha contra el sistema capitalista. Esta definición es un concepto que quizás pocos compartan pero, entonces, será necesario entender otro: la inseguridad es hija directa de la corrupción policial. Es hora que las fuerzas populares se pongan de acuerdo, de mínima, en esta sugerencia. Solamente habrá futuro para nuestras hijas y nuestros hijos si hay combate contra la corrupción policial. Esa otra forma de la economía real de la cual el caso del comisario Hugo Tognoli apenas es una expresión individual.
