El sábado 10 de mayo de 2014 en la sede de ATE Rosario se realizo el segundo encuentro de causas penales con diversos estados de impunidad que se tramitan a lo largo y ancho de la Argentina. Causas que abarcan un amplio horizonte social, como la de Agustina Lebos de Tucumán, Cromagnon, asesinados del 2001 en Rosario y Santa Fe, Maximiliano Kosteki. Kiki Lezcano de Villa 20, Diego Nuñez, Perassi de San Lorenzo, Inundaciones de La Plata, Santa Fe y el Alud del Rodeo Catamarca, entre otras. Se compartió sus historias de impunidad total o parcial, sus avances y obstáculos y principalmente, el entramado socio-económico, político, judicial y el accionar de las llamadas “fuerzas de seguridad”.
En una palabra, la matriz ejercida sobre todas ellas que revelan puntos comunes del accionar del Estado Argentino expresado en su expresión nacional, provincial o municipal, de sus poderes concentrados en lo social y económico que demuestran claramente una matriz de impunidad ejercida con diversos grados de segregación político y social en todos los sentidos.
Estas causas intentan un camino de Justicia, Verdad y Memoria, cimentadas en un sendero que viene desde lejos y que fue parido por las luchas del pueblo argentino. No están divorciadas de nuestra rica historia, todo lo contrario, nos interpelan y nos comprometen. Muchas de ellas, iniciadas en una casi completa orfandad, discriminadas y hasta incomprendidas. Cercadas por el accionar impune y a su vez mediático, de un poder estatal expresado en funcionarios públicos y políticos específicos, elegidos a través del voto popular, que no constituye por si mismo ningún salvoconducto de inocencia ante hechos de su directa responsabilidad, comprometidos muchas veces con el poder privado, de fuerzas corporativas, que buscan constantemente no solo encubrir estas violaciones a los derechos humanos, sino también aislar, dividir, desprestigiar y hasta desequilibrar humanamente a sus denunciantes.
Los hechos que derivaron en causas judiciales, abarcan desde el asesinato perpetrado por fuerzas policiales, gatillo fácil y torturas, la desaparición de ciudadanas y ciudadanos, la muerte y el estrago producidos en inundaciones, el encubrimiento y mora judicial asfixiante, la trata de personas, la violencia sexual y posterior asesinato, la violencia de género y femicidios, los asesinatos de testigos en juicios de crímenes de lesa humanidad, sociales, laborales, o de denuncias represivas, las muertes evitable de nuestros de niños, jóvenes y mayormente de personas pobres. Todos, realizados en forma abierta o encubierta, instigados sin ninguna duda, por las mismas fuerzas represivas que lo produjeron con anterioridad.
Casos de enriquecimiento ilícitos, corrupción y negociados estatales y privados que determinan muertes masivas, ante tragedias evitables, muerte de centenares de argentinos convertidos en tragedias ante fenómenos naturales advertidos previamente, accidentes colectivos que poseen un claro contenido doloso, asesinatos en unidades penales provinciales o nacionales.
La ruptura del tejido social operado por planes de gobierno de neta dependencia económica hacia los sectores dominantes ha instaurado sin ninguna duda la existencia de la miseria planificada. Estos hechos históricos dejan como resultado y saldos la existencia de violencia y hechos aberrantes de contaminación social como es el narcotráfico, la trata de personas, la esclavización laboral, sostenidos por un entramado judicial, laboral, policial y desde los mismos resortes del Estado que por incapacidad, connivencia, alianza criminal, o asociación ilícita con los mismos, abren un panorama no solo desesperanzador sino sumamente peligroso para un Estado de Derecho, al ser el mismo Estado el ariete que ataca a sus ciudadanos.
Es ya común en nuestra patria que este clima social de desprotección de todo tipo ejerza una indefensión que domina territorialmente las ciudades en sus cordones más pobres. Estas acciones localizadas, delimitadas e intencionalmente ocultadas por políticas determinadas poseedoras del discurso de superficie de una “inclusión social” que nunca es suficiente, ni pueden elevarse al concepto de integración total de los sujetos individuales y colectivos con derechos integrales.
Esta política y concepción ideológica es abarcativa de una “contención social” cínica y adormecedora, encubriendo la trampa de la división social estratificada, de los sectores más estigmatizados, sindicados como los poseedores de todos los males sociales, que subdividen a los más pobres contra otros pobres, “buenos o malos”, “sumisos o rebeldes”. Se dividen nuestras ciudades invisiblemente como objetos de políticas y agendas de seguridad o ensayos represivos, ocasionando en forma planificada la existencia traumatizada de ciudadanos sin ciudadanía, al no poder acceder a una buena calidad de justicia, sin la presencia de los tan mentado “derechos adquiridos” que se transforman en la práctica en la desaparición de los mismos al identificarse sobre millones de argentinos una pobre existencia, sin acceso a estos derechos.
Salud social contaminada, sin derechos plenos de trabajo, buena educación y salud o carencias de viviendas dignas. Se ha edificado en estos 31 años de democracia un discurso burocrático del englobamiento cultural de la pobreza que sobrevuela minuto a minuto y que se traduce en la práctica, que los mismos son sólo merecedores de pobres valores de derechos. El acceso a los derechos constitucionales se convierte así en letra muerta, tras un plan sistemático de impunidad de los gobiernos, continuos violadores de estos derechos, esta exclusión se socializa al incluirlos sólo en posibles derechos cercenados de todo tipo, se reduce también como reflejo económico - político de esta situación a la básica ayuda social estrictamente contenida en un escalonamiento diferencial, que a la larga solo hace perdurar su estado de indefensión humana, que se justifica en las distintas esfera del mismo Estado. Estado convertido en cercenador serial de derechos, al quien al mismo tiempo le está todo permitido por ser la figura jurídica poseedora del poder.
El autoritarismo que encierra esta pobreza de derechos reales, abarca el ejercicio estatal, tanto en lo estrictamente publico como en su alianza sostenible con el llamado “esfuerzo privado” en un supuesto contenido social. No se hace otra cosa que establecer la escala de valores reales que transforma al mismo Estado en un violador serial, al discriminar en su accionar, privilegiando a las distintas clases de ciudadanos, en un escalamiento social claramente apartado de la totalidad de derechos humanos desde los más elementales a los más profundos.
Esta construcción camuflada, totalmente desequilibrada y justificada, ejerce una presión social incontrastable hacia los sectores más pobres, sólo merecedores de esfuerzos insuficientes, que al no colmar la demanda social se transforma en esfuerzos represivos de control social. Son en definitiva, la llamada seguridad ampliamente focalizada sobre la pobreza y conservadora hacia la propiedad privada de todo tipo, subordinando y atacando el derecho a una vida plena con distinto grados de agresividad según el lugar que se ocupa en la escala social.
Esta política se desarrolla separando las causas reales y superponiendo justificaciones ficticias desparramadas bajo un conjunto de preceptos culturales que envuelven el reclamo más elemental de los sectores más necesitados como es el caso del legítimo reclamo de Justicia convertido en una necesidad y que en la gran mayoría de las veces queda sin respuesta. Todo esto se refuerza como un castigo anticipado en la imposibilidad económica de litigar con igualdad. Y cuando se litiga, se atraviesa por la burocracia judicial, con tardanzas inacabables y un tratamiento funcional ampliamente ofensivo, legitimado por la misma y mal llamada “Justicia”.
La visibilidad social y mediática de estas luchas, es una necesidad popular, urgente e imperiosa.
Hoy se plantea la necesidad de una causa justa que movilice todas las fuerzas contenidas en estas causas y a su vez intente irradiar y construir una solidaridad social, de todos sectores más permeables a estos reclamos, que permita sostener la lucha contra la impunidad social, política y económica de los poderosos y a favor de los mas débiles, a nivel local, regional y nacional.
La igualdad social de derechos se ha travestido en Argentina tras el manto de una democracia profundamente endeudada con sus propios gobernados. Volver a sostener esfuerzos de luchas por la vigencia de los derechos humanos no puede desconocer, no puede dejar de ver, ni dejar de oír el presente de estos clamores.
La lucha por las violaciones del pasado, se revitaliza con las luchas de estos presentes. Uniendo el ayer y el hoy se rebela más que nunca como una necesidad de existencia del pueblo argentino. Este es el basamento sobre el cual avanzamos a nuevos encuentros para así hacernos visibles y proponer políticas activas que nos defiendan y posibiliten nuevos pasos de Justicia, Verdad y Memoria de todos y para todos.
En una palabra, la matriz ejercida sobre todas ellas que revelan puntos comunes del accionar del Estado Argentino expresado en su expresión nacional, provincial o municipal, de sus poderes concentrados en lo social y económico que demuestran claramente una matriz de impunidad ejercida con diversos grados de segregación político y social en todos los sentidos.
Estas causas intentan un camino de Justicia, Verdad y Memoria, cimentadas en un sendero que viene desde lejos y que fue parido por las luchas del pueblo argentino. No están divorciadas de nuestra rica historia, todo lo contrario, nos interpelan y nos comprometen. Muchas de ellas, iniciadas en una casi completa orfandad, discriminadas y hasta incomprendidas. Cercadas por el accionar impune y a su vez mediático, de un poder estatal expresado en funcionarios públicos y políticos específicos, elegidos a través del voto popular, que no constituye por si mismo ningún salvoconducto de inocencia ante hechos de su directa responsabilidad, comprometidos muchas veces con el poder privado, de fuerzas corporativas, que buscan constantemente no solo encubrir estas violaciones a los derechos humanos, sino también aislar, dividir, desprestigiar y hasta desequilibrar humanamente a sus denunciantes.
Los hechos que derivaron en causas judiciales, abarcan desde el asesinato perpetrado por fuerzas policiales, gatillo fácil y torturas, la desaparición de ciudadanas y ciudadanos, la muerte y el estrago producidos en inundaciones, el encubrimiento y mora judicial asfixiante, la trata de personas, la violencia sexual y posterior asesinato, la violencia de género y femicidios, los asesinatos de testigos en juicios de crímenes de lesa humanidad, sociales, laborales, o de denuncias represivas, las muertes evitable de nuestros de niños, jóvenes y mayormente de personas pobres. Todos, realizados en forma abierta o encubierta, instigados sin ninguna duda, por las mismas fuerzas represivas que lo produjeron con anterioridad.
Casos de enriquecimiento ilícitos, corrupción y negociados estatales y privados que determinan muertes masivas, ante tragedias evitables, muerte de centenares de argentinos convertidos en tragedias ante fenómenos naturales advertidos previamente, accidentes colectivos que poseen un claro contenido doloso, asesinatos en unidades penales provinciales o nacionales.
La ruptura del tejido social operado por planes de gobierno de neta dependencia económica hacia los sectores dominantes ha instaurado sin ninguna duda la existencia de la miseria planificada. Estos hechos históricos dejan como resultado y saldos la existencia de violencia y hechos aberrantes de contaminación social como es el narcotráfico, la trata de personas, la esclavización laboral, sostenidos por un entramado judicial, laboral, policial y desde los mismos resortes del Estado que por incapacidad, connivencia, alianza criminal, o asociación ilícita con los mismos, abren un panorama no solo desesperanzador sino sumamente peligroso para un Estado de Derecho, al ser el mismo Estado el ariete que ataca a sus ciudadanos.
Es ya común en nuestra patria que este clima social de desprotección de todo tipo ejerza una indefensión que domina territorialmente las ciudades en sus cordones más pobres. Estas acciones localizadas, delimitadas e intencionalmente ocultadas por políticas determinadas poseedoras del discurso de superficie de una “inclusión social” que nunca es suficiente, ni pueden elevarse al concepto de integración total de los sujetos individuales y colectivos con derechos integrales.
Esta política y concepción ideológica es abarcativa de una “contención social” cínica y adormecedora, encubriendo la trampa de la división social estratificada, de los sectores más estigmatizados, sindicados como los poseedores de todos los males sociales, que subdividen a los más pobres contra otros pobres, “buenos o malos”, “sumisos o rebeldes”. Se dividen nuestras ciudades invisiblemente como objetos de políticas y agendas de seguridad o ensayos represivos, ocasionando en forma planificada la existencia traumatizada de ciudadanos sin ciudadanía, al no poder acceder a una buena calidad de justicia, sin la presencia de los tan mentado “derechos adquiridos” que se transforman en la práctica en la desaparición de los mismos al identificarse sobre millones de argentinos una pobre existencia, sin acceso a estos derechos.
Salud social contaminada, sin derechos plenos de trabajo, buena educación y salud o carencias de viviendas dignas. Se ha edificado en estos 31 años de democracia un discurso burocrático del englobamiento cultural de la pobreza que sobrevuela minuto a minuto y que se traduce en la práctica, que los mismos son sólo merecedores de pobres valores de derechos. El acceso a los derechos constitucionales se convierte así en letra muerta, tras un plan sistemático de impunidad de los gobiernos, continuos violadores de estos derechos, esta exclusión se socializa al incluirlos sólo en posibles derechos cercenados de todo tipo, se reduce también como reflejo económico - político de esta situación a la básica ayuda social estrictamente contenida en un escalonamiento diferencial, que a la larga solo hace perdurar su estado de indefensión humana, que se justifica en las distintas esfera del mismo Estado. Estado convertido en cercenador serial de derechos, al quien al mismo tiempo le está todo permitido por ser la figura jurídica poseedora del poder.
El autoritarismo que encierra esta pobreza de derechos reales, abarca el ejercicio estatal, tanto en lo estrictamente publico como en su alianza sostenible con el llamado “esfuerzo privado” en un supuesto contenido social. No se hace otra cosa que establecer la escala de valores reales que transforma al mismo Estado en un violador serial, al discriminar en su accionar, privilegiando a las distintas clases de ciudadanos, en un escalamiento social claramente apartado de la totalidad de derechos humanos desde los más elementales a los más profundos.
Esta construcción camuflada, totalmente desequilibrada y justificada, ejerce una presión social incontrastable hacia los sectores más pobres, sólo merecedores de esfuerzos insuficientes, que al no colmar la demanda social se transforma en esfuerzos represivos de control social. Son en definitiva, la llamada seguridad ampliamente focalizada sobre la pobreza y conservadora hacia la propiedad privada de todo tipo, subordinando y atacando el derecho a una vida plena con distinto grados de agresividad según el lugar que se ocupa en la escala social.
Esta política se desarrolla separando las causas reales y superponiendo justificaciones ficticias desparramadas bajo un conjunto de preceptos culturales que envuelven el reclamo más elemental de los sectores más necesitados como es el caso del legítimo reclamo de Justicia convertido en una necesidad y que en la gran mayoría de las veces queda sin respuesta. Todo esto se refuerza como un castigo anticipado en la imposibilidad económica de litigar con igualdad. Y cuando se litiga, se atraviesa por la burocracia judicial, con tardanzas inacabables y un tratamiento funcional ampliamente ofensivo, legitimado por la misma y mal llamada “Justicia”.
La visibilidad social y mediática de estas luchas, es una necesidad popular, urgente e imperiosa.
Hoy se plantea la necesidad de una causa justa que movilice todas las fuerzas contenidas en estas causas y a su vez intente irradiar y construir una solidaridad social, de todos sectores más permeables a estos reclamos, que permita sostener la lucha contra la impunidad social, política y económica de los poderosos y a favor de los mas débiles, a nivel local, regional y nacional.
La igualdad social de derechos se ha travestido en Argentina tras el manto de una democracia profundamente endeudada con sus propios gobernados. Volver a sostener esfuerzos de luchas por la vigencia de los derechos humanos no puede desconocer, no puede dejar de ver, ni dejar de oír el presente de estos clamores.
La lucha por las violaciones del pasado, se revitaliza con las luchas de estos presentes. Uniendo el ayer y el hoy se rebela más que nunca como una necesidad de existencia del pueblo argentino. Este es el basamento sobre el cual avanzamos a nuevos encuentros para así hacernos visibles y proponer políticas activas que nos defiendan y posibiliten nuevos pasos de Justicia, Verdad y Memoria de todos y para todos.
MEDH SANTA FE
