Tomado de www.hijosprensa.blogspot.com
Las
ambigüedades con que el kirchnerismo afronta el proceso de Memoria, Verdad y
Justicia se van convirtiendo en cómplices paradojas. Así lo confirman no sólo
la designación del represor Cesar Milani al frente del Ejército, sino el rol
que este comienza a cumplir en el proceso de Juicio y Castigo: como parte del
reciente fallo en por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el tribunal
exhortó al jefe del arma a que ponga a disposición de la justicia al coronel
retirado Carlos Alberto Arroyo, prófugo en la causa; lo que ubica al amigo de
Hebe Pastor de Bonafini en la curiosa tarea de ser juez y parte del genocidio
cometido en nuestro país.
El
17 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de
Bahía Blanca, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Tripputi y
Martín Bava, condenó a 7 represores del Batallón de Comunicaciones 181, de la Subzona 51 y del CCD La Escuelita , por su
actuación en dictadura en el Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. El proceso
contempló 89 casos de secuestros, torturas y homicidios, y la supresión de
identidad de dos hijos de desaparecidas que los alumbraron en cautiverio.
Junto
a los represores Carlos Stricker, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón, Héctor
Fidalgo, Ricardo Gandolfo, Alejandro Marjanov y Fernando Videla, se encontraba
procesado el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, de 60 años, ex integrante
de la Compañía Comando
y Servicios del Quinto Cuerpo, por su participación en la emboscada y
fusilamiento de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo el 14 de noviembre
de 1976, en la calle Fitz Roy 137 de Bahía Blanca.
Pero,
al igual que el coronel retirado Miguel Antonio Villegas, que murió impune
antes de ser condenado por realizar un simulacro de juzgamiento basado en
información arrancada bajo tortura a tres detenidos, y el ex guardia del CCD La Escuelita Armando
"Pato" Barrera, apartado por cuestiones de salud, Arroyo no fue de la
partida por encontrarse prófugo.
En
el punto 18 del fallo del tribunal bahiense, los jueces exhortan “a quien a
este momento se desempeña como Jefe del Ejército, General de División César
Milani, a fin que en tal carácter y como garantía y respeto por los derechos
humanos, ordene la inmediata comparencia y puesta a disposición de (…) Carlos
Alberto Arroyo, toda vez que, aún en esa condición, ostenta la situación
jurídica de estado militar y debe obedecer el conjunto de deberes y derechos establecidos
por las leyes y reglamentos, y por ende, obligado a cumplir las órdenes que el
Comandante le imponga”.
Además
de librar oficio a la presidente, como Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas, por intermedio del Ministro de Defensa, el tribunal le pide a un
cuestionado jefe del Ejército que encuentre a un procesado subalterno prófugo
al que no dio de baja y con el que comparte un pasado de noche y niebla.
La
mano que recibió César Santos Gerardo Del Corazón de Jesús Milani para
legitimar su ascenso de parte de la ignota periodista y madre de Plaza de Mayo,
así como de los 39 senadores que aprobaron su pliego por obediencia debida, se
completa ahora con el exhorto de tres jueces federales que, aún disponiendo de
la operatividad y la tarea de inteligencia de las fuerzas federales de
seguridad para capturar a este genocida, no pierden oportunidad de agotar la
vía formal de requerirlo al máximo jefe del arma, coimputado con el prófugo por
delitos de lesa humanidad, aunque sin proceso firme por ahora.
Este
es el primer capítulo de una novela basada en la super-extensión de la
interpretación del concepto de presunción de inocencia, con ribetes de
inversión de los criterios de valoración en los estándares de impugnación de
ascensos militares, que el kirchnerismo impone con el caso Milani,
documentadamente implicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la
desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo y el secuestro y
torturas de Ramón Alfredo Olivera y su padre, ambos hechos ejecutados desde el
Batallón de Ingenieros 141 de La
Rioja en 1976, donde revistó el hoy jefe.
El
escenario actual no hace sino confirmar la prolijidad del gobierno “de los
Derechos Humanos” en la implementación de la “política del bombero”: implementa
un plan de protección de testigos en casos de lesa humanidad un año después del
secuestro de Jorge Julio Lopez, prohíbe la custodia de los genocidas procesados
con prisión preventiva por integrantes de su propia fuerza tras el asesinato de
Héctor Febres y la fuga de Julián “Laucha” Corres, promueve acordadas para la
aceleración de los juicios tras 9 años de estancamiento de los procesos; y dice
encontrar para abrir parcialmente luego de 10 años de gestión los archivos de
las Fuerzas Armadas, con las que ya ha pactado la reconciliación.
Una
gestión que corre tras los hechos consumados en lugar de planificar todos los
puntos débiles del proceso de reapertura de las causas a los genocidas, es la
misma que festeja el magro saldo de los juicios: 450 genocidas condenados y 57
absueltos en 10 años de anuladas las leyes de impunidad, es decir, menos de 1
represor por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención. La misma
que pretende cerrar los juicios en diciembre de 2015 cuando resta juzgar al 78%
de los 2.100 represores procesados en estos años. La misma que pretende resumir
en esos 2.100 represores el accionar coordinado en dictadura de más de 100
veces esa cantidad de represores.
Habrá
que ver si el genocida Milani logra construir con oficiales arrepentidos su
Ejército de los Derechos Humanos, o apelando a su viejo conocimiento de las
faenas de inteligencia por lo menos encuentra, o mejor dicho delata al prófugo
Arroyo y al resto de los 40 represores del Ejército prófugos. Difícil tarea.
HIJOS
LA PLATA
Diciembre
de 2013
