ABRAZO AL BARRIO LAS DELICIAS 2 - POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

Carta de Adolfo Perez Esquivel a Capitanich

Sr. Jorge Capitanich

Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación

Recibe nuestro saludo de Paz y Bien

Como sabes la Paz es fruto de la Justicia, y el Bien el camino de la Verdad y el respeto al prójimo. Ambos son valores indivisibles  que van unidos a la vida de las personas y los pueblos en un caminar que pone en evidencia si somos coherentes entre el decir y el hacer. El Evangelio nos dice que “el árbol se conoce por su fruto”.

Es todo un desafío tratar de comprender los motivos que mueven al gobierno a actuar en forma contradictoria y sin ética política, pero tenemos que saber cuáles son sus frutos para separar la paja del trigo.

En una charla matinal con los medios de prensa, como vocero de la Presidenta, has informado que el presupuesto y los edificios del IEM, Instituto Espacio para la Memoria, pasarán por 30 años a manos de la Nación con acuerdo del gobierno de la ciudad, mediante un convenio firmado el día 22 de enero entre gallos y medianoches por ti y la Vice Jefa de gobierno porteña, María Eugenia Vidal.

No hubo información alguna, no hubo diálogo, desconocieron a las autoridades del IEM, integrado por organismos de derechos humanos, representantes de la Legislatura y personalidades comprometidas en la defensa de los DDHH trabajando “ad honorem”. Nunca fuimos notificados, nos enteramos a través de trascendidos informales y lo confirmó tu declaración a los medios.

Tenemos la responsabilidad y defendemos el salario de los trabajadores del IEM y sus espacios de trabajo,  reclamamos todos los años a los legisladores mejores condiciones laborales y los presupuestos necesarios para los centros bajo la conducción del IEM. Pero este año el presupuesto fue suspendido por esta apropiación del gobierno nacional de los Espacios de Memoria.

El gobierno nacional y el porteño, en sus negociados bilaterales, ya venían operando la desintegración del IEM, no es un problema nuevo, viene de años, no soportan organismos autárquicos y autónomos, y buscan someterlo a los caprichos del gobierno nacional. Nos quieren neutralizar. Por eso la nueva jefa del bloque kirchnerista en la Legislatura, Gabriela Alegre, presentó un proyecto de Ley para modificar la estructura del IEM y poder ponerlo bajo las directivas de su partido.

Te recuerdo que con este convenio están violando leyes vigentes, leyes que impulsaron y ahora no quieren respetar. La Ley Nº 961 de creación del Instituto, la Ley 2599 que aprueba el convenio entre nación y ciudad y otorga entre los edificios actuales, el cuatro columnas y casino de oficiales estableciendo que “por su carácter histórico será conservado en el estado que se encuentra, sin modificaciones o realización de actividades que desnaturalicen su sentido como Memorial”.

El gran apuro y urgencia del gobierno es instalar en lo que fuera el Casino de oficiales en la Ex ESMA, un Museo e inaugurarlo el 24 de marzo del 2014, violando la ley y buscando apropiarse de la política de los derechos humanos que hace una década venimos llevando. Pero nadie es dueño de los Derechos Humanos, ningún gobierno puede adueñarse de las luchas populares, es un camino equivocado.

Lo peor que pueden hacer es disfrazar la situación, aparentar que el IEM continúa y quitarle la  autonomía, marginarlo y arrinconarlo sin capacidad de decisión alguna, dejando en manos del gobierno de turno la política de derechos humanos, es lo peor que pueden hacer, mentir al pueblo y actuar en las sombras. Y más aún mandando grupos de choque, como la Junta Interna kirchnerista de ATE-Capital, para desprestigiar el trabajo que hacemos en el IEM y acusarnos de un supuesto vaciamiento de los centros de memoria.

Por último, Jorge Capitanich, quienes integramos el Consejo Directivo del IEM y los trabajadores, con años de militancia en derechos humanos, tenemos claro que su vigencia comienza por el respeto a la vida y la dignidad de las personas y los pueblos, los gobiernos pasan entre luces y sombras, lo que permanece es lo que se construye con dignidad y en libertad.

Se equivocan si creen que bajamos los brazos, continuaremos trabajando por la vida y los derechos del pueblo.

Te reitero el saludo de Paz y Bien

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz

Presidente del Servicio Paz y Justicia

Miembro del Consejo Directivo del IEM

LA CRIMINALIZACION DE LA DESOBEDIENCIA

Tomado de Le Monde Diplomatique

Enlace al artículo: http://www.eldiplo.org/175-la-argentina-de-los-veranos-calientes/la-criminalizacion-de-la-desobediencia?token=&nID=1

Edición Nro 175 - Enero de 2014

ESTALLIDO SOCIAL Y REPRESIÓN

La criminalización de la desobediencia

Por Verónica Gago*

La creciente tendencia mundial de transformar en criminales a las personas que ejercen un derecho democrático fundamental, como es el derecho a la protesta, muestra la incapacidad que hoy padecen los Estados tanto para leer y satisfacer las demandas sociales como para hacer frente a la emergencia de nuevos conflictos.

Georg Baselitz, Gartenzaun, 1988 (Gentileza Christie’s)

as protestas masivas que estallaron recientemente en diferentes partes del planeta marcan el comienzo de una nueva época. De Canadá a Portugal, de Brasil a Egipto, de Nueva York a Grecia, la explosión callejera cuestiona a los gobiernos –o a algunas de sus medidas– y exige reformas vinculadas a los servicios sociales y urbanos (transporte, educación, concentración mediática, entre otros); al tiempo que emergen nuevos conflictos que –como señala Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)– obligan a ampliar y complejizar la noción misma de “protesta social” ya que ésta hoy excede la simple forma de manifestación o asamblea.

En Argentina este nuevo modo de protesta “se inició con las movilizaciones de 2001, inaugurando un tipo diferente de participación social, que va más allá del ámbito electoral, y que establece una forma particular de ampliar los límites democráticos” (1). Las recientes manifestaciones que estallaron en el país responden a litigios por la tierra, en una economía de conflictos que va de las tomas urbanas –como el caso del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires– a los desalojos rurales vinculados al neo-extractivismo. Nuevas formas de violencia emergen a la vez relacionadas con lo que los medios de comunicación hoy categorizan como “guerra contra el narcotráfico” y que ubican al país frente a una encrucijada (2).

“Recuperen las calles”

El movimiento de derechos humanos en este contexto se encuentra en pleno proceso de reconfiguración mundial a la vez que es desafiado por los nuevos conflictos que ponen a prueba su capacidad de respuesta y relanzamiento como herramental discursivo, político y jurídico. El 11 de septiembre de 2001 es la fecha de la declinación de un tipo de liderazgo ético de organizaciones de derechos humanos con base en Estados Unidos y, sobre todo, es el momento que marca un punto de inflexión en el accionar de algunos gobiernos frente al conflicto por la aprobación de “leyes antiterroristas”. Desde entonces se produce un cambio tan fundamental como preocupante: las estrategias de represión clandestina que marcaron las épocas dictatoriales buscan dejar de ser ilegales para legalizarse, como es el caso de los drones, las ejecuciones selectivas, las requisas e interrogatorios, la desaparición forzada de personas y el espionaje a escala de masas. Estas prácticas desdibujaron las tareas tradicionales de los organismos internacionales que se concentraban sólo en el monitoreo y la vigilancia ya que perdieron progresivamente fuerza y eficacia.

El accionar argentino en el campo de los derechos humanos es así desafiado por este cambio sustancial, tanto en lo que refiere a sus militancias como a sus organismos y, en particular, a la articulación entre ambas partes. En esta línea, el CELS acaba de presentar una iniciativa que reconoce y opera sobre este nuevo paradigma. La International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO) es un grupo de diez organizaciones nacionales que asumen este cambio en la intervención vinculada a los derechos humanos en el marco global. Las organizaciones asociadas se definen por su enraizamiento nacional más que por su sobrevuelo o paracaidismo internacional. Se reconocen por la articulación territorial que tienen con movimientos y organizaciones populares más que por que su impacto sea únicamente institucional o de expertise técnico. Combinan actividades de litigio estratégico, campañas legislativas, educación pública e incidencia política como forma de intervenir de manera independiente respecto a los gobiernos y abrir este nuevo campo de problematización de la represión y el conflicto social, tanto a nivel nacional como a nivel de la agenda global.

Pero este sistema supone un cambio de herramientas: la necesidad de vinculación con el activismo y la militancia en red, la cercanía con los afectados –que ya no son las víctimas tradicionales de derechos humanos, sino víctimas de derechos sociales y económicos– y la investigación de la cara más violenta del Estado en las cárceles, así como la combinación de redes estatales y no estatales que actúan ilegalmente.

Este consorcio de organizaciones acaba de presentar la investigación Recuperen las calles. Represión y criminalización de la protesta en el mundo. La frase que titula el informe salió de la boca de un alto comandante de la Policía de Toronto cuando en junio de 2010 miles de personas se manifestaban en esa ciudad canadiense contra la Cumbre del G20. Esa orden, afirma el informe, es “un ejemplo emblemático de un alarmante patrón de conducta por parte de los gobiernos: la tendencia a transformar a las personas que ejercen un derecho democrático fundamental, como es el derecho a la protesta, en una amenaza que amerita una respuesta estatal contundente”. El documento analiza de manera detallada la situación en nueve países (Argentina, Canadá, Egipto, Estados Unidos, Israel, Hungría, Kenia, Reino Unido y Sudáfrica), seleccionados por considerarlos “reacciones estatales únicas en contextos nacionales únicos” ya que involucran, además de las fuerzas represivas, al sistema judicial como actor clave en las estrategias de judicialización y criminalización de las desobediencias.

En este sentido, Luciana Pol –coordinadora del Programa Violencia Institucional y Políticas de Seguridad del CELS– vincula concretamente este tema con el caso del Parque Indoamericano, que impulsó la creación del Ministerio de Seguridad en 2010, al afirmar: “Los referentes sociales, que en medio de la crisis resultaron claves para habilitar diálogos con el poder político, fueron acusados de ‘usurpación’ y criminalizados por la propia justicia”.

Nuevos conflictos

A partir de una serie de episodios que ligan los territorios del conurbano bonaerense con la periferia rosarina y los desalojos en Santiago del Estero, el Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP) señaló que estamos ante un nuevo tipo de conflicto social que desafía a las organizaciones populares y que “es la consecuencia de los rasgos más agresivos de los modos de acumulación desarrollados durante la última década, como las industrias extractivas, el narcotráfico, el boom inmobiliario y el agro-business”.

La hegemonía rentística de los actuales negocios estaría así en la base de una conflictividad que cambia su naturaleza respecto de los acontecimientos de la crisis de 2001. La expansión de las fronteras agrarias y mineras y la valorización especulativa de las periferias urbanas a través del narcomenudeo estructuran de manera compleja y heterogénea “una soberanía paraestatal, en torno a formas de propiedad articuladas por instrumentos financieros muy abstractos, con dinámicas represivas en manos de bandas y de una policía en estado de excepción. Las nuevas soberanías regulan a su manera los territorios, sustentando, penetrando, desbordando y amenazando a las instituciones públicas”.

La investigadora argentino-brasileña del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), Rita Segato, ha conceptualizado recientemente esta articulación entre economías ilegales, nuevas violencias y redes mixtas como “Segunda Realidad”. Ésta es especular al sistema político y a las instituciones estatales en general. “Y es operada por un segundo Estado, marcado por la acción de corporaciones armadas propias, sicariatos organizados y conducidos por cabezas que actúan a nivel local, barrial, y otras más distantes, a distancias sociales por el volumen de capital que circula, y a distancias geográficas que no se pueden verificar pero sí suponer por la recurrencia de ciertas tácticas, por la sistematicidad de su forma de operar en localidades distantes e inclusive cruzando fronteras nacionales y continentales. El accionar de esas corporaciones armadas tiene por finalidad proteger la propiedad, el comercio ilegal, el flujo de los capitales sumergidos y la propia intocabilidad de este ambiente. Es, por esto, un Segundo Estado, con sus leyes, fuerzas de seguridad y organización propia.” Y agrega: “El efecto, para toda la sociedad, de la existencia subterránea de esos elementos es la expansión de un escenario bélico caracterizado por la informalidad; [se trata de] un tipo de guerras no convencionales, en las que las facciones en conflicto por la apropiación territorial de espacios barriales y personas, en general jóvenes reclutas que se agregan a sus fuerzas, no usan uniformes ni insignias y expresan su poder jurisdiccional con una ejemplaridad cruel”. Para Segato, aun no hay un lenguaje para hablar de estas nuevas formas de la guerra que, incluso, no están legisladas en ningún lugar. “La segunda realidad es un campo incierto completamente, un pantano. No es fácil entender contra quién estamos actuando” (3).

En este punto, se trataría de un avance contra elementos fundamentales del herramental democrático construido por las luchas de los derechos humanos desde 1983. Pero también de aquellos conquistados por las movilizaciones de 2001 y su posterior inscripción democrática como derechos sociales. El mapa actual de las protestas y el conflicto vuelve a reclamar a las militancias y a los expertos en la defensa de los derechos humanos una actualización para tener una verdadera capacidad de intervención política.

Articulaciones estratégicas

El ciclo de las protestas globales pone de relieve varios desafíos a la vez. Por un lado, la necesidad de una perspectiva que contemple tanto la discontinuidad y variedad de las protestas como los elementos comunes vinculados a las exigencias democráticas que provienen, como la fuerza y el ímpetu de innovación, desde fuera de los ámbitos institucionales.

Una teoría política nueva se discute en torno a estas formas diferentes de hacer, reclamar y organizarse respecto a los movimientos revolucionarios de otras épocas. La discusión reside entonces en el modo en que estas subjetividades políticas interpelan a las instituciones y a algunas categorías clásicas como las del derecho, la ciudadanía y la inclusión. La novedad reside en los actores involucrados y las dinámicas en juego, que van desde la proliferación de economías ilegales hasta la mixtura de formas de poder estatal y paraestatal, transnacional y barrial. Se destaca así la dimensión fuertemente territorial de estos conflictos que suelen quedar relegados cuando se enfatiza sobre todo el uso de las tecnologías comunicativas o se pone el foco sólo en las movilizaciones masivas discontinuas.

Esta nueva forma de protesta hoy desafía a los organismos de derechos humanos ya que se ven obligados a actualizar su forma de intervenir y vincularse con las organizaciones locales y litigar frente a la emergencia de los nuevos ilegalismos para no tornarse ineficaces. Los Estados también se ven afectados frente a estos territorios que dejan de ser estrictamente periféricos o suburbanos para convertirse en nodos de pujantes negocios y disputas, en muchos casos con conexiones transnacionales. En el caso de Argentina, las procuradurías temáticas (que investigan delitos financieros, el narcotráfico, entre otros) son formas institucionales que buscan construir herramientas de intervención acordes a estos conflictos. Aun así, lo que queda en clave aun experimental son las formas posibles de articulación entre estas herramientas, organizaciones y dinámicas bien heterogéneas entre sí y su capacidad de construir un lenguaje que dé cuenta de esta novedad.

1. Entrevista de la autora con Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 25-10-13.
2. Véase el dossier “El desafío narco”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2013.
3. Entrevista inédita, de próxima aparición en Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado, Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires.

* Doctora en Ciencias Sociales (UBA), miembro del Colectivo Situaciones.

POR LA ABSOLUCION DE LOS TRABAJADORES DE LAS HERAS - ACTO EN ROSARIO - 31-Ene-2014

POR LA ABSOLUCION DE LOS TRABAJADORES DE LAS HERAS - ACTO EN SANTA FE - 30-Ene-2014

LAS TAREAS DE MILANI

Tomado de www.hijosprensa.blogspot.com

Las ambigüedades con que el kirchnerismo afronta el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se van convirtiendo en cómplices paradojas. Así lo confirman no sólo la designación del represor Cesar Milani al frente del Ejército, sino el rol que este comienza a cumplir en el proceso de Juicio y Castigo: como parte del reciente fallo en por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el tribunal exhortó al jefe del arma a que ponga a disposición de la justicia al coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, prófugo en la causa; lo que ubica al amigo de Hebe Pastor de Bonafini en la curiosa tarea de ser juez y parte del genocidio cometido en nuestro país.

El 17 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Tripputi y Martín Bava, condenó a 7 represores del Batallón de Comunicaciones 181, de la Subzona 51 y del CCD La Escuelita, por su actuación en dictadura en el Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. El proceso contempló 89 casos de secuestros, torturas y homicidios, y la supresión de identidad de dos hijos de desaparecidas que los alumbraron en cautiverio.

Junto a los represores Carlos Stricker, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón, Héctor Fidalgo, Ricardo Gandolfo, Alejandro Marjanov y Fernando Videla, se encontraba procesado el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, de 60 años, ex integrante de la Compañía Comando y Servicios del Quinto Cuerpo, por su participación en la emboscada y fusilamiento de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo el 14 de noviembre de 1976, en la calle Fitz Roy 137 de Bahía Blanca.

Pero, al igual que el coronel retirado Miguel Antonio Villegas, que murió impune antes de ser condenado por realizar un simulacro de juzgamiento basado en información arrancada bajo tortura a tres detenidos, y el ex guardia del CCD La Escuelita Armando "Pato" Barrera, apartado por cuestiones de salud, Arroyo no fue de la partida por encontrarse prófugo.

En el punto 18 del fallo del tribunal bahiense, los jueces exhortan “a quien a este momento se desempeña como Jefe del Ejército, General de División César Milani, a fin que en tal carácter y como garantía y respeto por los derechos humanos, ordene la inmediata comparencia y puesta a disposición de (…) Carlos Alberto Arroyo, toda vez que, aún en esa condición, ostenta la situación jurídica de estado militar y debe obedecer el conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos, y por ende, obligado a cumplir las órdenes que el Comandante le imponga”.

Además de librar oficio a la presidente, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por intermedio del Ministro de Defensa, el tribunal le pide a un cuestionado jefe del Ejército que encuentre a un procesado subalterno prófugo al que no dio de baja y con el que comparte un pasado de noche y niebla.

La mano que recibió César Santos Gerardo Del Corazón de Jesús Milani para legitimar su ascenso de parte de la ignota periodista y madre de Plaza de Mayo, así como de los 39 senadores que aprobaron su pliego por obediencia debida, se completa ahora con el exhorto de tres jueces federales que, aún disponiendo de la operatividad y la tarea de inteligencia de las fuerzas federales de seguridad para capturar a este genocida, no pierden oportunidad de agotar la vía formal de requerirlo al máximo jefe del arma, coimputado con el prófugo por delitos de lesa humanidad, aunque sin proceso firme por ahora.

Este es el primer capítulo de una novela basada en la super-extensión de la interpretación del concepto de presunción de inocencia, con ribetes de inversión de los criterios de valoración en los estándares de impugnación de ascensos militares, que el kirchnerismo impone con el caso Milani, documentadamente implicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo y el secuestro y torturas de Ramón Alfredo Olivera y su padre, ambos hechos ejecutados desde el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja en 1976, donde revistó el hoy jefe.

El escenario actual no hace sino confirmar la prolijidad del gobierno “de los Derechos Humanos” en la implementación de la “política del bombero”: implementa un plan de protección de testigos en casos de lesa humanidad un año después del secuestro de Jorge Julio Lopez, prohíbe la custodia de los genocidas procesados con prisión preventiva por integrantes de su propia fuerza tras el asesinato de Héctor Febres y la fuga de Julián “Laucha” Corres, promueve acordadas para la aceleración de los juicios tras 9 años de estancamiento de los procesos; y dice encontrar para abrir parcialmente luego de 10 años de gestión los archivos de las Fuerzas Armadas, con las que ya ha pactado la reconciliación.

Una gestión que corre tras los hechos consumados en lugar de planificar todos los puntos débiles del proceso de reapertura de las causas a los genocidas, es la misma que festeja el magro saldo de los juicios: 450 genocidas condenados y 57 absueltos en 10 años de anuladas las leyes de impunidad, es decir, menos de 1 represor por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención. La misma que pretende cerrar los juicios en diciembre de 2015 cuando resta juzgar al 78% de los 2.100 represores procesados en estos años. La misma que pretende resumir en esos 2.100 represores el accionar coordinado en dictadura de más de 100 veces esa cantidad de represores.

Habrá que ver si el genocida Milani logra construir con oficiales arrepentidos su Ejército de los Derechos Humanos, o apelando a su viejo conocimiento de las faenas de inteligencia por lo menos encuentra, o mejor dicho delata al prófugo Arroyo y al resto de los 40 represores del Ejército prófugos. Difícil tarea.           

HIJOS LA PLATA

Diciembre de 2013

2001 - 19 y 20 de Diciembre - 2013 - MARCHA EN SANTA FE