jueves, 30 de abril de 2015
miércoles, 15 de abril de 2015
miércoles, 25 de marzo de 2015
SANTA FE 24 de Marzo de 2015 - ACTO A 39 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA - IMAGENES Y DOCUMENTO
Santa Fe Multisectorial de DD.HH
DOCUMENTO 24 DE MARZO 2015
Compañeras y compañeros:
Las organizaciones aquí presentes: organizaciones sociales, barriales,
de la mujer, sindicales, las agrupaciones estudiantiles, de la lucha ambiental,
los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas de izquierda,
volvemos a movilizarnos, como cada 24 de marzo, para repudiar el golpe militar
de 1976 que dio lugar a la dictadura genocida, y realizar este acto unitario,
combativo, independiente del Estado y de los
gobiernos, para hacer de este día una vez más una jornada de lucha por
los derechos humanos de ayer, pero también de hoy.
Nos convocamos, marchamos, recordamos, exigimos, reivindicamos, nos
emocionamos y reafirmamos nuestro compromiso de continuar luchando como los
hicieron los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, por cambiar este
sistema capitalista de explotación e injusticia. Nuestro compromiso con
Hoy estamos aquí nuevamente, en esta Plaza que es nuestra, que tiene
las marcas y la presencia viva de luchadores y luchas inclaudicables. Está
Norma Biegkler, nuestra Madre de Plaza de Mayo. Están las cruces de la masacre
hídrica, nuestros inundados (2003-2007), testigos mudos de la impunidad y
corrupción político-judicial santafesina. Están las hormigas del Pocho y con
ellas, Marcelo Passini y todos los asesinados el 19 y 20 de diciembre. Están
las heridas abiertas de la trata y de los arrasados por una violencia social
ciega producto de la descomposición estructural de la economía nacional,
entregada desde hace décadas a los grandes grupos económicos locales y al gran
capital extranjero.
Viejas y nuevas luchas se entrelazan. Por eso hoy venimos, una vez
más, a repudiar el golpe
cívico-militar-eclesiástico del 24 de marzo de 1976 y a exigir por los Derechos
Humanos de Ayer y de Hoy. Hermanados con los horizontes de los pueblos
latinoamericanos, con sus sendas de liberación nacional y social que nos
comprometen a todos los aquí presentes. En especial hoy con el pueblo mexicano,
con los 43 estudiantes asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa, los cuales
están presentes también hoy en esta Plaza.
La herencia del Golpe
sigue vigente
El Golpe de 1976 fue un proyecto político, económico, ideológico y
cultural que intentó transformar estructuralmente a la sociedad y la economía
argentina, con efectos que sobreviven hasta nuestros días, con consecuencias y
secuelas que se arrastran travestidas y camufladas en distintos grados, y con
incidencia en diversos planos.
El Golpe de 1976 pretendió ahogar en sangre el ascenso de las luchas
obreras, estudiantiles y campesinas que se expresaron en grandes puebladas en
los años 
La transición a la democracia obligó a las clases dominantes que
fomentaron, apoyaron, planificaron al detalle, sostuvieron, y financiaron el
genocidio atroz de toda una generación de argentinos que buscaron por distintas
vías la transformación social en nuestra patria. Obligó a dichas clases a hacer
concesiones en 1983 al pueblo que resistió a la dictadura asesina: aceptaron a
regañadientes la vuelta de la democracia política pero sin desconcertarse y
sobre todo sin abandonar el control de los resortes del poder acumulados.
Los principales cambios económicos introducidos por la dictadura se
mantuvieron: se mantuvo la apertura salvaje de la economía, el sometimiento al
capital financiero, la entrega del patrimonio nacional; se reconoció la
estatización de la deuda privada y la ilegítima e ilegal deuda externa, que
sirvió y sirve para enriquecer a los usureros del imperialismo, pero también a
los grande capitales de origen nacional.
Desde 1983 hasta la fecha la sociedad argentina se ha batido en un
balanceo pendular que termina siempre descargando la crisis sobre los más
débiles. Ninguna de sus experiencias políticas y económicas hasta ahora implicó
un cambio estratégico del núcleo duro dejado por la conjunción de sus fuerzas
económicas concentradas por la
Dictadura.
La matriz productiva se ha mantenido sin grandes modificaciones de
fondo. Se ha profundizado la concentración económica, el copamiento de los
capitales transnacionales, la primarización de la economía con el avance del
monocultivo sojero, la entrega de los recursos nacionales, como ocurre con los
megaemprendimientos mineros y ahora también energéticos como Vaca Muerta,
agravando la agresión al medio ambiente y en definitiva a la vida de los
argentinos para que unas pocas multinacionales puedan hacer su gran negocio. La
principal herencia económica de la
Dictadura , aceptada y reconocida por todos los gobiernos
patronales de la democracia, es el pago de la deuda externa usuraria, que consume
todos los frutos del trabajo del pueblo argentino, bloquea el desarrollo
nacional, y mantiene el sometimiento al imperialismo como una lápida sobre el
futuro de nuestro país. ¿Quiénes se han beneficiado con esta política
económica? Los grandes grupos económicos locales y extranjeros, y sus gestores
políticos de los partidos patronales que han gobernado todos estos años.
¿Quiénes han sido los perjudicados? Los trabajadores que han padecido
y padecen los despidos por el cierre de fábricas, las suspensiones, los
salarios de miseria, la precarización y tercerización laboral. Los jubilados
que cobran un haber de subsistencia después de haber trabajado toda su vida.
Los pueblos originarios que son expulsados de sus tierras, perseguidos y hasta
asesinados por las patotas que garantizan la expansión sojera. El pueblo que
sufre la privatización y destrucción de la salud y la educación públicas, el
ajuste de todos los gastos sociales, la falta de urbanización, de viviendas y
obras públicas que eviten catástrofes como las de las inundaciones, la
destrucción del medioambiente y la privatización del espacio público. Un pueblo
que se organiza para luchar y defender sus intereses y que de parte del Estado
recibe como respuesta la represión y la criminalización de la protesta
social.
Contra la impunidad de
ayer y de hoy, contra la represión al pueblo
Hoy nos convocamos en esta plaza porque se cumplen 39 años del golpe
militar genocida que dejó más de 30.000 compañeros desaparecidos, familias
destruidas, hijos y nietos que hasta el día de hoy desconocen su identidad. La
mayor parte de estos crímenes perpetrados desde el aparato del Estado sigue en
la impunidad; los genocidas continúan muriéndose sin haber sin haber recibido
condena o guardando prisión domiciliaria u otro tipo de reclusión de
privilegio. Muchos ex represores ni siquiera han sido llevados a juicio, como
es el caso emblemático de César Milani en la actualidad. Al igual que las
responsabilidades civiles y eclesiásticas en el Golpe y en la posterior
desaparición y tortura de miles de compañeros.
El Gobierno nacional que descolgó el cuadro de Videla del Colegio
Militar del Ejercito ahora pretende transformarla a la ESMA en un club de
reunión oficialista. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, que sirvió en su momento como excusa para evitar la extradición de los
genocidas y así conciliar con el lobby militar, poco ha hecho para hacer
avanzar las causas judiciales contra los represores. En 9 años de juicios se ha
condenado sólo a un 27% de los represores; se sostienen los beneficios de la
prisiones domiciliarias; continúa la impunidad sobre la mayoría de las
apropiaciones de hijos de desaparecidos; sigue el amedrentamiento de los
testigos. Es que a pesar de tener la vía libre para el juzgamiento local de los
responsables de la Dictadura, la Justicia que debe hacerlo tampoco ha
experimentado una renovación radical desde la época de la Dictadura. O bien
responde a distintos intereses políticos, en primer lugar los del Gobierno
nacional, que lejos se encuentran de priorizar el esclarecimiento y el castigo
de estos crímenes de lesa humanidad. La desaparición de Julio López y el
asesinato de nuestra compañera Silvia Suppo en plena democracia, por haber
colaborado en los juicios contra el terrorismo de Estado, son la prueba más
espantosa y dolorosa tanto de la impunidad por los crímenes de la Dictadura
como de la continuidad del aparato represivo del Estado durante estos casi 40
años.
Pero Argentina arrastra un largo proceso de impunidad que trasciende a
la Dictadura, y que incluye otros crímenes contra el pueblo, perpetrados
directa o indirectamente por el aparato del Estado. La lista incluye a los
atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la Amia pero también la
voladura del arsenal de Río Tercero, los asesinatos populares del 19 y 20 de
Diciembre, las muertes por accidentes ferroviarios derivados de la tríada
corrupta entre funcionarios, empresarios y burocracia sindical; las víctimas de
la trata de mujeres y del narcotráfico; los pibes muertos por el gatillo fácil;
los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en general, y también
por las patotas de la burocracia sindical y los barras bravas, que operan al
amparo del poder político y económico. En las últimas tres décadas de “democracia”
se produjeron más de 200 casos de crímenes y hasta desapariciones forzadas de
personas en el país de los 30.000 desaparecidos. Julio López, Luciano Arruga,
Kosteki y Santillán, Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba, Lázaro Duarte, los
Qom, los caídos del Argentinazo, los luchadores por tierra y vivienda de Jujuy;
y en nuestra provincia Silvia Suppo o Ariel Pacheco, el joven acosado por la
policía en Rafaela; son sólo algunos de ellos.
Denunciamos que esta práctica más propia de las dictaduras militares
que de un régimen democrático se viene implementando como método de represión
política contra los luchadores y los que son considerados “peligrosos” por el
gran capital y sus gobiernos. La mayoría de víctimas son jóvenes pobres,
negros, que habitan villas y barrios carenciados, que no tienen empleo formal.
Son los jóvenes que viven la violencia cotidiana de la falta de trabajo,
educación, salud y de oportunidades. Los que padecen el gatillo fácil, las
detenciones arbitrarias y el acoso policial en general, que bajo los gobiernos
constitucionales ha registrado más de 4.500 casos de extrema gravedad, sin
contar todos aquellos de los cuales ni siquiera se tiene registro.
El Estado que no garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de
los jóvenes de los sectores populares, sí se asegura de reprimirlos para
tenerlos “controlados” por medio de las fuerzas de “seguridad”. Que además los
tienen de rehenes del negocio de la droga y como “mano de obra” para el gran
delito organizado, que en su cúpula es garantizado y regenteado desde el propio
aparato del Estado. Bajo el kirchnerismo, la Argentina se ha transformado de un
país de tránsito en un país de producción de drogas. El gran avance del
narcotráfico es indiscutible, sobre todo en Santa Fe, donde se ve agudizado por
las políticas llevadas a cabo por el Gobierno provincial. Se han instalado
carteles y miles de jóvenes han caído en
el negocio del consumo y la adicción. Los “soldaditos” son hoy una triste
imagen que habla de la continuidad y profundización del negocio narco en el
país, y de su principal consecuencia: la sangre joven derramada en las calles
de las barriadas de las grandes ciudades. La detención de personas por
averiguación de antecedentes sirve en definitiva para 'hacer estadística' y
para que la policía o la fuerza actuante que sea exhiba esos arrestos como
efectivos resultados en el 'combate al delito', cuando en realidad dan la
oportunidad para la extorsión y la recaudación de dineros ilegales, y son la
antesala de la tortura y la muerte en las comisarías.
Este panorama nos demuestra claramente que la Justicia y las mal
llamadas Fuerzas de Seguridad de la democracia son poderes de un Estado que
actúa para defender los intereses de los sectores más poderosos tanto económica
como políticamente. Los pobres, los trabajadores, los luchadores, los niños y
adolescentes, las mujeres, los pueblos originarios, los ancianos, los
explotados, los sojuzgados, los excluidos, discriminados y no respetados, no
entran en la agenda de este Estado más que para aportar su fuerza de trabajo y
ser blanco de la represión y las represalias. Y el único camino posible para
todos estos sectores la unidad y la lucha por la transformación social y por
una salida obrera y popular a la crisis provocada por los capitalistas y sus
gobiernos.
El Gobierno nacional es el máximo responsable político de estos
crímenes contra el pueblo y de su continuada impunidad, y es también el principal responsable de que
continúe la criminalización de la protesta social, con el procesamiento de miles
de luchadores a lo largo y a lo ancho del país y con la condena firme de
cientos de ellos, en muchos casos con penas terribles que persiguen el objetivo
de “aleccionar” a quienes defienden los intereses populares. No nos olvidamos
de los presos de Las Heras y del ensañamiento personal de la presidenta
Kirchner con los luchadores de Santa Cruz. Continuaremos exigiendo la
absolución y el desprocesamiento de todos nuestros compañeros y el juicio y
castigo de todos los responsables materiales e ideológicos de los crímenes
contra el pueblo que hoy gozan de total impunidad gracias al amparo del poder
político, económico y judicial.
Este 24 de marzo encuentra al país conmovido por la muerte del fiscal
Nisman, que ha dejado expuesto ante la masa del pueblo el hecho de que, a casi
cuatro décadas del golpe genocida de Videla y Massera, el Estado sigue siendo
en esencia un aparato de espionaje y represión contra el conjunto de la
población. También que los sucesivos gobiernos constitucionales han preservado
los servicios de inteligencia de la Dictadura militar prácticamente intactos,
sirviéndose de ellos para ejercer el poder. El Gobierno nacional es si se
quiere el que más lejos ha ido en este sentido, porque además ha reforzado la
vinculación de la Side con servicios de inteligencia extranjeros como la CIA y
el Mossad, sumando a la represión y el espionaje la vulneración de toda
soberanía nacional.
El Gobierno kirchnerista, que ahora pretende ser víctima, reforzó él
mismo el aparato de inteligencia interna durante todo su mandato. Ahora la ex
Side será reemplazada por una nueva agencia, la AFI, que absorberá a los viejos
“servicios” y sumará a militantes del oficialismo, mientras el aparato de
espionaje del Ejército, que dirige Milani, quedará intacto. La designación de
Milani al frente del Ejército es un intento de centralizar nuevamente las
tareas que antes llevaba a cabo el servicio comandado por Stiusso.
Se trata de una política cuyos antecedentes más recientes pueden
ubicarse en el “Proyecto X”, con acciones de espionaje contra organizaciones y
luchadores populares; en la Ley Antiterrorista, y en la designación de un ex oficial de
inteligencia como Milani al frente del Ejército. Por eso, la consigna de ¡Fuera Milani! que venimos planteando
desde el comienzo las organizaciones aquí presentes, está más vigente que
nunca: ya no se trata sólo del pasado de Milani como genocida bajo la última
dictadura militar, sino de su presente como jefe máximo del espionaje contra el
pueblo.
El Estado y los gobiernos que persiguen y reprimen las luchas
populares son los mismos que gobiernan para los grandes intereses económicos.
Los que están descargando la crisis sobre los trabajadores y el pueblo con
tarizafos, ajuste salarial, reducción de gastos en salud, educación, vivienda;
con la inflación que diezma el bolsillo de quienes perciben ingresos fijos. Los
que entregan el patrimonio natural y los intereses nacionales al capital
extranjero. Los que están dispuestos a seguir pagando, a expensas de la miseria
social de la masa del pueblo argentino, la ilegítima, ilegal y usuraria deuda
externa, contraída originalmente por la Dictadura y nunca repudiada por los
gobiernos de la democracia. La orientación social de los gobiernos patronales
también vulnera los derechos humanos, violentando cualquier avance hacia la
igualdad económica, social y cultural.
Porque la impunidad continúa después de casi 40 años, seguimos
peleando hoy, y no nos abrazamos ni defendemos a quienes participaron del
genocidio. Seguimos luchando también contra los crímenes y ataques al
movimiento popular en la actualidad, porque los mismos intereses económicos y
sociales que promovieron el Golpe de 1976 continúan ejerciendo su control sobre
el poder político y el conjunto del aparto del Estado. Y por eso se siguen
violando los derechos humanos, los de hoy. Ningún empresario que estuvo detrás
del golpe de estado de Videla y Massera ha sido juzgado por la Justicia. A sólo
días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, la Cámara de Casación Penal acaba
de absolver al empresario Blaquier por su responsabilidad en la desaparición de
varios trabajadores, en los hechos que pasaron a la historia como la Noche del
Apagón en Ledesma, provincia de Jujuy.
La crisis político-institucional que se ha venido desarrollando en los
últimos meses, en particular en los servicios de inteligencia y en el ámbito la
justicia, es reflejo de disputas de poder entre facciones que defienden los
mismos intereses de clase. Los servicios aportando datos para perseguir y
reprimir a los sectores populares. La justicia armando causas con esos datos,
para criminalizar la protesta social y la pobreza. Así se viene construyendo la impunidad que
protege a los poderosos.
Santa Fe
En Santa Fe, capital de la impunidad político-judicial, tenemos
sobrados ejemplos que demuestran que esta política del Gobierno nacional que
hoy estamos denunciando, es compartida, más allá del signo político partidario,
por la mayoría de los partidos políticos tradicionales.
El Gobierno provincial no sólo no ha desmantelado el aparato
represivo, sino que lo ha reforzado con la
designaciones del ex comandante general de Gendarmería Gerardo Chaumont
a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y la del gendarme José Spadaro al
frente de la Secretaría de Análisis y Asuntos Interministeriales, así como con
el pedido a gritos, tanto del gobernador Bonfatti como del intendente Corral y
varios políticos en carrera electoral, de la intervención de la Gendarmería. Se
trata de militarizar las calles y
devolverles protagonismo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para
garantizar la represión ante el ascenso de la conflictividad social.
En los últimos años la provincia de Santa Fe profundizó su
protagonismo dentro del modelo de entreguismo y
dependencia económica. La concentración de la tierra y la sojización
crecieron exponencialmente. Nuestros recursos son saqueados por las grandes
cerealeras y mineras a través de los puertos de Rosario, además sin ningún tipo
de control o cobro de impuestos por parte de los Estados provincial o nacional.
Al igual que la especulación inmobiliaria, que lejos de solucionar el problema
de la vivienda, aumenta la concentración de capital y facilita el lavado de
dinero.
La justicia santafesina le ha garantizado impunidad, entre otros, al
máximo responsable de los asesinatos de
diciembre del 2001 y la inundación del 2003. Por eso hoy, Reutemann reaparece
en la escena de la mano de Macri y Del Sel. Es la fórmula que resume la defensa
furiosa de los intereses económicos del sector agroexportador sojero y el empresariado
en base a explotación y represión. Es la clara expresión de la degradación y
crisis política. Se juntaron un
empresario, un corredor de carreras de autos y un cómico. Los dos primeros, con
graves antecedentes que van desde
muertes y represión hasta las privatizaciones. El tercero, un vulgar,
improvisado y prepotente, que hace campaña insultando a mujeres, docentes,
periodistas y a la memoria de todos los
santafesinos, cuando dice que la inundación es cosa del pasado y la naturaleza.
No nos van a contar a nosotros
qué son las inundaciones. Las padecemos sistemáticamente, debido a la ausencia
de obras pero también a la falta de asistencia para la evacuación, para no
hablar de la reposición de las pérdidas. Hemos aprendido que las inundaciones no
obedecen a causas climáticas sino políticas y sociales. Que son producto de una
planificación urbana y un gasto en obra pública orientados a favorecer el
negocio de un puñado de especuladores inmobiliarios, mediante la “puesta en
valor” de las zonas más acomodadas y la privatización del espacio público, en
detrimento de la urbanización y la provisión de servicios elementales a los
barrios más alejados.
El año pasado tuvimos una demostración obscena de esta completa
subordinación al negociado inmobiliario capitalista en la ciudad, con la
destrucción y privatización ilegal y corrupta del Parque Alberdi. Una entrega
que fue avalada por todo el arco político patronal de Santa Fe, que también se
mantuvo cómplice de la persecución y la represión ejercida por los Gobiernos
provincial y municipal contra quienes resistieron con la lucha este gravísimo
caso de destrucción del medio ambiente y privatización del espacio público
ciudadano. Oportunidad en que la patota del intendente Corral, la nefasta
Guardia de Seguridad Institucional, se ganó el record de denuncias. Y a pesar
de ello, continuó con las mismas prácticas en las inundaciones de ayer y de
hoy. Advertimos una vez, esta gente es Peligrosa, anda suelta y pretende
gobernarnos.
Compañeros, este 24 de Marzo estamos reunidos nuevamente aquí en esta
Plaza por los 30.000 compañeros, por la apertura integral de los archivos de la
Side, para que se vaya Milani, por el esclarecimiento de todos los crímenes
contra el pueblo, por la anulación de la ley ‘Antiterrorista’ y otras normas
antipopulares, por la aparición con vida de Jorge Julio López, por el
desprocesamiento de todos los luchadores populares.
Por lo derechos humanos
de ayer y de hoy!!!
Fuera Milani ¡!!!
Juicio y castigo a los
genocidas!!!!
Derogación de la Ley
Antiterroristas y el Proyecto X!!!!!
Apertura de los archivos
secretos de todas las fuerzas de seguridad!!!!!!
30.000 compañeros detenidos desaparecidos…. PRESENTES!!!
Ahora y Siempre!!!!
Convocan y adhieren:
-
MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS
DERECHOS HUMANOS ( MEDH)
-
IGLESIA EVANGELICA METODISTA
ARGENTINA SANTA FE
-
PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBO
(PTP)
-
PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO
(PCR)
-
JUVENTUD COMUNISTA
REVOLUCIONARIA ( JCR)
-
MOVIMIENTO DE OCUPANTES E
INQUILINOS SANTA FE ( MOI)
-
CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA
(CCC)
-
AGRUPACION DE LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES (ALDE)-
-
ALDE FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
-
ALDE FACULTAD DE INGENIERIA
QUIMICA
-
SENDEROS. ESTUDIANTES AGRUPADOS
DE TRABAJO SOCIAL
-
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
CENTRO DE ESTUDIANTES TRABAJO SOCIAL
-
MOVIMIENTO DE UNIDAD SECUNDARIA.
MUS.
-
MOVIMIENTO DE ESTUDIANTES
TERCIARIOS ANTIIMPERIALISTA . META. CONDUCCION DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO N° 12 Y CENTRO DE ESTUDIANTES.
-
ESTUDIANTES POR EL CAMBIO.
CONDUCCION CENTRO DE ESTUDIANTES TERCIARIO ALMIRANTE BROWN.
-
MADRESELVA
-
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES. MST. NUEVA IZQUIERDA
-
CONVERGENCIA SOCIALISTA
-
COORDINACION DOCENTE
-
ANUSATE
-
PATRIA GRANDE
-
PARTIDO OBRERO. PO.
-
ASOCIACION CIVIL JUANITO LAGUNA
-
CTA AUTONOMA
-
OPINION SOCIALISTA
-
PLENARIO OBRERO Y POPULAR (POP)
lunes, 16 de marzo de 2015
jueves, 15 de mayo de 2014
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE CAUSAS PENALES - ROSARIO 10/05/2014
El sábado 10 de mayo de 2014 en la sede de ATE Rosario se realizo el segundo encuentro de causas penales con diversos estados de impunidad que se tramitan a lo largo y ancho de la Argentina. Causas que abarcan un amplio horizonte social, como la de Agustina Lebos de Tucumán, Cromagnon, asesinados del 2001 en Rosario y Santa Fe, Maximiliano Kosteki. Kiki Lezcano de Villa 20, Diego Nuñez, Perassi de San Lorenzo, Inundaciones de La Plata, Santa Fe y el Alud del Rodeo Catamarca, entre otras. Se compartió sus historias de impunidad total o parcial, sus avances y obstáculos y principalmente, el entramado socio-económico, político, judicial y el accionar de las llamadas “fuerzas de seguridad”.
En una palabra, la matriz ejercida sobre todas ellas que revelan puntos comunes del accionar del Estado Argentino expresado en su expresión nacional, provincial o municipal, de sus poderes concentrados en lo social y económico que demuestran claramente una matriz de impunidad ejercida con diversos grados de segregación político y social en todos los sentidos.
Estas causas intentan un camino de Justicia, Verdad y Memoria, cimentadas en un sendero que viene desde lejos y que fue parido por las luchas del pueblo argentino. No están divorciadas de nuestra rica historia, todo lo contrario, nos interpelan y nos comprometen. Muchas de ellas, iniciadas en una casi completa orfandad, discriminadas y hasta incomprendidas. Cercadas por el accionar impune y a su vez mediático, de un poder estatal expresado en funcionarios públicos y políticos específicos, elegidos a través del voto popular, que no constituye por si mismo ningún salvoconducto de inocencia ante hechos de su directa responsabilidad, comprometidos muchas veces con el poder privado, de fuerzas corporativas, que buscan constantemente no solo encubrir estas violaciones a los derechos humanos, sino también aislar, dividir, desprestigiar y hasta desequilibrar humanamente a sus denunciantes.
Los hechos que derivaron en causas judiciales, abarcan desde el asesinato perpetrado por fuerzas policiales, gatillo fácil y torturas, la desaparición de ciudadanas y ciudadanos, la muerte y el estrago producidos en inundaciones, el encubrimiento y mora judicial asfixiante, la trata de personas, la violencia sexual y posterior asesinato, la violencia de género y femicidios, los asesinatos de testigos en juicios de crímenes de lesa humanidad, sociales, laborales, o de denuncias represivas, las muertes evitable de nuestros de niños, jóvenes y mayormente de personas pobres. Todos, realizados en forma abierta o encubierta, instigados sin ninguna duda, por las mismas fuerzas represivas que lo produjeron con anterioridad.
Casos de enriquecimiento ilícitos, corrupción y negociados estatales y privados que determinan muertes masivas, ante tragedias evitables, muerte de centenares de argentinos convertidos en tragedias ante fenómenos naturales advertidos previamente, accidentes colectivos que poseen un claro contenido doloso, asesinatos en unidades penales provinciales o nacionales.
La ruptura del tejido social operado por planes de gobierno de neta dependencia económica hacia los sectores dominantes ha instaurado sin ninguna duda la existencia de la miseria planificada. Estos hechos históricos dejan como resultado y saldos la existencia de violencia y hechos aberrantes de contaminación social como es el narcotráfico, la trata de personas, la esclavización laboral, sostenidos por un entramado judicial, laboral, policial y desde los mismos resortes del Estado que por incapacidad, connivencia, alianza criminal, o asociación ilícita con los mismos, abren un panorama no solo desesperanzador sino sumamente peligroso para un Estado de Derecho, al ser el mismo Estado el ariete que ataca a sus ciudadanos.
Es ya común en nuestra patria que este clima social de desprotección de todo tipo ejerza una indefensión que domina territorialmente las ciudades en sus cordones más pobres. Estas acciones localizadas, delimitadas e intencionalmente ocultadas por políticas determinadas poseedoras del discurso de superficie de una “inclusión social” que nunca es suficiente, ni pueden elevarse al concepto de integración total de los sujetos individuales y colectivos con derechos integrales.
Esta política y concepción ideológica es abarcativa de una “contención social” cínica y adormecedora, encubriendo la trampa de la división social estratificada, de los sectores más estigmatizados, sindicados como los poseedores de todos los males sociales, que subdividen a los más pobres contra otros pobres, “buenos o malos”, “sumisos o rebeldes”. Se dividen nuestras ciudades invisiblemente como objetos de políticas y agendas de seguridad o ensayos represivos, ocasionando en forma planificada la existencia traumatizada de ciudadanos sin ciudadanía, al no poder acceder a una buena calidad de justicia, sin la presencia de los tan mentado “derechos adquiridos” que se transforman en la práctica en la desaparición de los mismos al identificarse sobre millones de argentinos una pobre existencia, sin acceso a estos derechos.
Salud social contaminada, sin derechos plenos de trabajo, buena educación y salud o carencias de viviendas dignas. Se ha edificado en estos 31 años de democracia un discurso burocrático del englobamiento cultural de la pobreza que sobrevuela minuto a minuto y que se traduce en la práctica, que los mismos son sólo merecedores de pobres valores de derechos. El acceso a los derechos constitucionales se convierte así en letra muerta, tras un plan sistemático de impunidad de los gobiernos, continuos violadores de estos derechos, esta exclusión se socializa al incluirlos sólo en posibles derechos cercenados de todo tipo, se reduce también como reflejo económico - político de esta situación a la básica ayuda social estrictamente contenida en un escalonamiento diferencial, que a la larga solo hace perdurar su estado de indefensión humana, que se justifica en las distintas esfera del mismo Estado. Estado convertido en cercenador serial de derechos, al quien al mismo tiempo le está todo permitido por ser la figura jurídica poseedora del poder.
El autoritarismo que encierra esta pobreza de derechos reales, abarca el ejercicio estatal, tanto en lo estrictamente publico como en su alianza sostenible con el llamado “esfuerzo privado” en un supuesto contenido social. No se hace otra cosa que establecer la escala de valores reales que transforma al mismo Estado en un violador serial, al discriminar en su accionar, privilegiando a las distintas clases de ciudadanos, en un escalamiento social claramente apartado de la totalidad de derechos humanos desde los más elementales a los más profundos.
Esta construcción camuflada, totalmente desequilibrada y justificada, ejerce una presión social incontrastable hacia los sectores más pobres, sólo merecedores de esfuerzos insuficientes, que al no colmar la demanda social se transforma en esfuerzos represivos de control social. Son en definitiva, la llamada seguridad ampliamente focalizada sobre la pobreza y conservadora hacia la propiedad privada de todo tipo, subordinando y atacando el derecho a una vida plena con distinto grados de agresividad según el lugar que se ocupa en la escala social.
Esta política se desarrolla separando las causas reales y superponiendo justificaciones ficticias desparramadas bajo un conjunto de preceptos culturales que envuelven el reclamo más elemental de los sectores más necesitados como es el caso del legítimo reclamo de Justicia convertido en una necesidad y que en la gran mayoría de las veces queda sin respuesta. Todo esto se refuerza como un castigo anticipado en la imposibilidad económica de litigar con igualdad. Y cuando se litiga, se atraviesa por la burocracia judicial, con tardanzas inacabables y un tratamiento funcional ampliamente ofensivo, legitimado por la misma y mal llamada “Justicia”.
La visibilidad social y mediática de estas luchas, es una necesidad popular, urgente e imperiosa.
Hoy se plantea la necesidad de una causa justa que movilice todas las fuerzas contenidas en estas causas y a su vez intente irradiar y construir una solidaridad social, de todos sectores más permeables a estos reclamos, que permita sostener la lucha contra la impunidad social, política y económica de los poderosos y a favor de los mas débiles, a nivel local, regional y nacional.
La igualdad social de derechos se ha travestido en Argentina tras el manto de una democracia profundamente endeudada con sus propios gobernados. Volver a sostener esfuerzos de luchas por la vigencia de los derechos humanos no puede desconocer, no puede dejar de ver, ni dejar de oír el presente de estos clamores.
La lucha por las violaciones del pasado, se revitaliza con las luchas de estos presentes. Uniendo el ayer y el hoy se rebela más que nunca como una necesidad de existencia del pueblo argentino. Este es el basamento sobre el cual avanzamos a nuevos encuentros para así hacernos visibles y proponer políticas activas que nos defiendan y posibiliten nuevos pasos de Justicia, Verdad y Memoria de todos y para todos.
En una palabra, la matriz ejercida sobre todas ellas que revelan puntos comunes del accionar del Estado Argentino expresado en su expresión nacional, provincial o municipal, de sus poderes concentrados en lo social y económico que demuestran claramente una matriz de impunidad ejercida con diversos grados de segregación político y social en todos los sentidos.
Estas causas intentan un camino de Justicia, Verdad y Memoria, cimentadas en un sendero que viene desde lejos y que fue parido por las luchas del pueblo argentino. No están divorciadas de nuestra rica historia, todo lo contrario, nos interpelan y nos comprometen. Muchas de ellas, iniciadas en una casi completa orfandad, discriminadas y hasta incomprendidas. Cercadas por el accionar impune y a su vez mediático, de un poder estatal expresado en funcionarios públicos y políticos específicos, elegidos a través del voto popular, que no constituye por si mismo ningún salvoconducto de inocencia ante hechos de su directa responsabilidad, comprometidos muchas veces con el poder privado, de fuerzas corporativas, que buscan constantemente no solo encubrir estas violaciones a los derechos humanos, sino también aislar, dividir, desprestigiar y hasta desequilibrar humanamente a sus denunciantes.
Los hechos que derivaron en causas judiciales, abarcan desde el asesinato perpetrado por fuerzas policiales, gatillo fácil y torturas, la desaparición de ciudadanas y ciudadanos, la muerte y el estrago producidos en inundaciones, el encubrimiento y mora judicial asfixiante, la trata de personas, la violencia sexual y posterior asesinato, la violencia de género y femicidios, los asesinatos de testigos en juicios de crímenes de lesa humanidad, sociales, laborales, o de denuncias represivas, las muertes evitable de nuestros de niños, jóvenes y mayormente de personas pobres. Todos, realizados en forma abierta o encubierta, instigados sin ninguna duda, por las mismas fuerzas represivas que lo produjeron con anterioridad.
Casos de enriquecimiento ilícitos, corrupción y negociados estatales y privados que determinan muertes masivas, ante tragedias evitables, muerte de centenares de argentinos convertidos en tragedias ante fenómenos naturales advertidos previamente, accidentes colectivos que poseen un claro contenido doloso, asesinatos en unidades penales provinciales o nacionales.
La ruptura del tejido social operado por planes de gobierno de neta dependencia económica hacia los sectores dominantes ha instaurado sin ninguna duda la existencia de la miseria planificada. Estos hechos históricos dejan como resultado y saldos la existencia de violencia y hechos aberrantes de contaminación social como es el narcotráfico, la trata de personas, la esclavización laboral, sostenidos por un entramado judicial, laboral, policial y desde los mismos resortes del Estado que por incapacidad, connivencia, alianza criminal, o asociación ilícita con los mismos, abren un panorama no solo desesperanzador sino sumamente peligroso para un Estado de Derecho, al ser el mismo Estado el ariete que ataca a sus ciudadanos.
Es ya común en nuestra patria que este clima social de desprotección de todo tipo ejerza una indefensión que domina territorialmente las ciudades en sus cordones más pobres. Estas acciones localizadas, delimitadas e intencionalmente ocultadas por políticas determinadas poseedoras del discurso de superficie de una “inclusión social” que nunca es suficiente, ni pueden elevarse al concepto de integración total de los sujetos individuales y colectivos con derechos integrales.
Esta política y concepción ideológica es abarcativa de una “contención social” cínica y adormecedora, encubriendo la trampa de la división social estratificada, de los sectores más estigmatizados, sindicados como los poseedores de todos los males sociales, que subdividen a los más pobres contra otros pobres, “buenos o malos”, “sumisos o rebeldes”. Se dividen nuestras ciudades invisiblemente como objetos de políticas y agendas de seguridad o ensayos represivos, ocasionando en forma planificada la existencia traumatizada de ciudadanos sin ciudadanía, al no poder acceder a una buena calidad de justicia, sin la presencia de los tan mentado “derechos adquiridos” que se transforman en la práctica en la desaparición de los mismos al identificarse sobre millones de argentinos una pobre existencia, sin acceso a estos derechos.
Salud social contaminada, sin derechos plenos de trabajo, buena educación y salud o carencias de viviendas dignas. Se ha edificado en estos 31 años de democracia un discurso burocrático del englobamiento cultural de la pobreza que sobrevuela minuto a minuto y que se traduce en la práctica, que los mismos son sólo merecedores de pobres valores de derechos. El acceso a los derechos constitucionales se convierte así en letra muerta, tras un plan sistemático de impunidad de los gobiernos, continuos violadores de estos derechos, esta exclusión se socializa al incluirlos sólo en posibles derechos cercenados de todo tipo, se reduce también como reflejo económico - político de esta situación a la básica ayuda social estrictamente contenida en un escalonamiento diferencial, que a la larga solo hace perdurar su estado de indefensión humana, que se justifica en las distintas esfera del mismo Estado. Estado convertido en cercenador serial de derechos, al quien al mismo tiempo le está todo permitido por ser la figura jurídica poseedora del poder.
El autoritarismo que encierra esta pobreza de derechos reales, abarca el ejercicio estatal, tanto en lo estrictamente publico como en su alianza sostenible con el llamado “esfuerzo privado” en un supuesto contenido social. No se hace otra cosa que establecer la escala de valores reales que transforma al mismo Estado en un violador serial, al discriminar en su accionar, privilegiando a las distintas clases de ciudadanos, en un escalamiento social claramente apartado de la totalidad de derechos humanos desde los más elementales a los más profundos.
Esta construcción camuflada, totalmente desequilibrada y justificada, ejerce una presión social incontrastable hacia los sectores más pobres, sólo merecedores de esfuerzos insuficientes, que al no colmar la demanda social se transforma en esfuerzos represivos de control social. Son en definitiva, la llamada seguridad ampliamente focalizada sobre la pobreza y conservadora hacia la propiedad privada de todo tipo, subordinando y atacando el derecho a una vida plena con distinto grados de agresividad según el lugar que se ocupa en la escala social.
Esta política se desarrolla separando las causas reales y superponiendo justificaciones ficticias desparramadas bajo un conjunto de preceptos culturales que envuelven el reclamo más elemental de los sectores más necesitados como es el caso del legítimo reclamo de Justicia convertido en una necesidad y que en la gran mayoría de las veces queda sin respuesta. Todo esto se refuerza como un castigo anticipado en la imposibilidad económica de litigar con igualdad. Y cuando se litiga, se atraviesa por la burocracia judicial, con tardanzas inacabables y un tratamiento funcional ampliamente ofensivo, legitimado por la misma y mal llamada “Justicia”.
La visibilidad social y mediática de estas luchas, es una necesidad popular, urgente e imperiosa.
Hoy se plantea la necesidad de una causa justa que movilice todas las fuerzas contenidas en estas causas y a su vez intente irradiar y construir una solidaridad social, de todos sectores más permeables a estos reclamos, que permita sostener la lucha contra la impunidad social, política y económica de los poderosos y a favor de los mas débiles, a nivel local, regional y nacional.
La igualdad social de derechos se ha travestido en Argentina tras el manto de una democracia profundamente endeudada con sus propios gobernados. Volver a sostener esfuerzos de luchas por la vigencia de los derechos humanos no puede desconocer, no puede dejar de ver, ni dejar de oír el presente de estos clamores.
La lucha por las violaciones del pasado, se revitaliza con las luchas de estos presentes. Uniendo el ayer y el hoy se rebela más que nunca como una necesidad de existencia del pueblo argentino. Este es el basamento sobre el cual avanzamos a nuevos encuentros para así hacernos visibles y proponer políticas activas que nos defiendan y posibiliten nuevos pasos de Justicia, Verdad y Memoria de todos y para todos.
MEDH SANTA FE
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