Organismo formado institucionalmente por iglesias cristianas ecuménicas y por hombres y mujeres de buena voluntad que asumen el compromiso de la defensa y promoción de los derechos humanos.La Verdad, la Justicia, la Libertad y la Paz son las opciones en las que se fundamenta su accionar.
miércoles, 25 de marzo de 2015
lunes, 16 de marzo de 2015
jueves, 15 de mayo de 2014
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE CAUSAS PENALES - ROSARIO 10/05/2014
El sábado 10 de mayo de 2014 en la sede de ATE Rosario se realizo el segundo encuentro de causas penales con diversos estados de impunidad que se tramitan a lo largo y ancho de la Argentina. Causas que abarcan un amplio horizonte social, como la de Agustina Lebos de Tucumán, Cromagnon, asesinados del 2001 en Rosario y Santa Fe, Maximiliano Kosteki. Kiki Lezcano de Villa 20, Diego Nuñez, Perassi de San Lorenzo, Inundaciones de La Plata, Santa Fe y el Alud del Rodeo Catamarca, entre otras. Se compartió sus historias de impunidad total o parcial, sus avances y obstáculos y principalmente, el entramado socio-económico, político, judicial y el accionar de las llamadas “fuerzas de seguridad”.
En una palabra, la matriz ejercida sobre todas ellas que revelan puntos comunes del accionar del Estado Argentino expresado en su expresión nacional, provincial o municipal, de sus poderes concentrados en lo social y económico que demuestran claramente una matriz de impunidad ejercida con diversos grados de segregación político y social en todos los sentidos.
Estas causas intentan un camino de Justicia, Verdad y Memoria, cimentadas en un sendero que viene desde lejos y que fue parido por las luchas del pueblo argentino. No están divorciadas de nuestra rica historia, todo lo contrario, nos interpelan y nos comprometen. Muchas de ellas, iniciadas en una casi completa orfandad, discriminadas y hasta incomprendidas. Cercadas por el accionar impune y a su vez mediático, de un poder estatal expresado en funcionarios públicos y políticos específicos, elegidos a través del voto popular, que no constituye por si mismo ningún salvoconducto de inocencia ante hechos de su directa responsabilidad, comprometidos muchas veces con el poder privado, de fuerzas corporativas, que buscan constantemente no solo encubrir estas violaciones a los derechos humanos, sino también aislar, dividir, desprestigiar y hasta desequilibrar humanamente a sus denunciantes.
Los hechos que derivaron en causas judiciales, abarcan desde el asesinato perpetrado por fuerzas policiales, gatillo fácil y torturas, la desaparición de ciudadanas y ciudadanos, la muerte y el estrago producidos en inundaciones, el encubrimiento y mora judicial asfixiante, la trata de personas, la violencia sexual y posterior asesinato, la violencia de género y femicidios, los asesinatos de testigos en juicios de crímenes de lesa humanidad, sociales, laborales, o de denuncias represivas, las muertes evitable de nuestros de niños, jóvenes y mayormente de personas pobres. Todos, realizados en forma abierta o encubierta, instigados sin ninguna duda, por las mismas fuerzas represivas que lo produjeron con anterioridad.
Casos de enriquecimiento ilícitos, corrupción y negociados estatales y privados que determinan muertes masivas, ante tragedias evitables, muerte de centenares de argentinos convertidos en tragedias ante fenómenos naturales advertidos previamente, accidentes colectivos que poseen un claro contenido doloso, asesinatos en unidades penales provinciales o nacionales.
La ruptura del tejido social operado por planes de gobierno de neta dependencia económica hacia los sectores dominantes ha instaurado sin ninguna duda la existencia de la miseria planificada. Estos hechos históricos dejan como resultado y saldos la existencia de violencia y hechos aberrantes de contaminación social como es el narcotráfico, la trata de personas, la esclavización laboral, sostenidos por un entramado judicial, laboral, policial y desde los mismos resortes del Estado que por incapacidad, connivencia, alianza criminal, o asociación ilícita con los mismos, abren un panorama no solo desesperanzador sino sumamente peligroso para un Estado de Derecho, al ser el mismo Estado el ariete que ataca a sus ciudadanos.
Es ya común en nuestra patria que este clima social de desprotección de todo tipo ejerza una indefensión que domina territorialmente las ciudades en sus cordones más pobres. Estas acciones localizadas, delimitadas e intencionalmente ocultadas por políticas determinadas poseedoras del discurso de superficie de una “inclusión social” que nunca es suficiente, ni pueden elevarse al concepto de integración total de los sujetos individuales y colectivos con derechos integrales.
Esta política y concepción ideológica es abarcativa de una “contención social” cínica y adormecedora, encubriendo la trampa de la división social estratificada, de los sectores más estigmatizados, sindicados como los poseedores de todos los males sociales, que subdividen a los más pobres contra otros pobres, “buenos o malos”, “sumisos o rebeldes”. Se dividen nuestras ciudades invisiblemente como objetos de políticas y agendas de seguridad o ensayos represivos, ocasionando en forma planificada la existencia traumatizada de ciudadanos sin ciudadanía, al no poder acceder a una buena calidad de justicia, sin la presencia de los tan mentado “derechos adquiridos” que se transforman en la práctica en la desaparición de los mismos al identificarse sobre millones de argentinos una pobre existencia, sin acceso a estos derechos.
Salud social contaminada, sin derechos plenos de trabajo, buena educación y salud o carencias de viviendas dignas. Se ha edificado en estos 31 años de democracia un discurso burocrático del englobamiento cultural de la pobreza que sobrevuela minuto a minuto y que se traduce en la práctica, que los mismos son sólo merecedores de pobres valores de derechos. El acceso a los derechos constitucionales se convierte así en letra muerta, tras un plan sistemático de impunidad de los gobiernos, continuos violadores de estos derechos, esta exclusión se socializa al incluirlos sólo en posibles derechos cercenados de todo tipo, se reduce también como reflejo económico - político de esta situación a la básica ayuda social estrictamente contenida en un escalonamiento diferencial, que a la larga solo hace perdurar su estado de indefensión humana, que se justifica en las distintas esfera del mismo Estado. Estado convertido en cercenador serial de derechos, al quien al mismo tiempo le está todo permitido por ser la figura jurídica poseedora del poder.
El autoritarismo que encierra esta pobreza de derechos reales, abarca el ejercicio estatal, tanto en lo estrictamente publico como en su alianza sostenible con el llamado “esfuerzo privado” en un supuesto contenido social. No se hace otra cosa que establecer la escala de valores reales que transforma al mismo Estado en un violador serial, al discriminar en su accionar, privilegiando a las distintas clases de ciudadanos, en un escalamiento social claramente apartado de la totalidad de derechos humanos desde los más elementales a los más profundos.
Esta construcción camuflada, totalmente desequilibrada y justificada, ejerce una presión social incontrastable hacia los sectores más pobres, sólo merecedores de esfuerzos insuficientes, que al no colmar la demanda social se transforma en esfuerzos represivos de control social. Son en definitiva, la llamada seguridad ampliamente focalizada sobre la pobreza y conservadora hacia la propiedad privada de todo tipo, subordinando y atacando el derecho a una vida plena con distinto grados de agresividad según el lugar que se ocupa en la escala social.
Esta política se desarrolla separando las causas reales y superponiendo justificaciones ficticias desparramadas bajo un conjunto de preceptos culturales que envuelven el reclamo más elemental de los sectores más necesitados como es el caso del legítimo reclamo de Justicia convertido en una necesidad y que en la gran mayoría de las veces queda sin respuesta. Todo esto se refuerza como un castigo anticipado en la imposibilidad económica de litigar con igualdad. Y cuando se litiga, se atraviesa por la burocracia judicial, con tardanzas inacabables y un tratamiento funcional ampliamente ofensivo, legitimado por la misma y mal llamada “Justicia”.
La visibilidad social y mediática de estas luchas, es una necesidad popular, urgente e imperiosa.
Hoy se plantea la necesidad de una causa justa que movilice todas las fuerzas contenidas en estas causas y a su vez intente irradiar y construir una solidaridad social, de todos sectores más permeables a estos reclamos, que permita sostener la lucha contra la impunidad social, política y económica de los poderosos y a favor de los mas débiles, a nivel local, regional y nacional.
La igualdad social de derechos se ha travestido en Argentina tras el manto de una democracia profundamente endeudada con sus propios gobernados. Volver a sostener esfuerzos de luchas por la vigencia de los derechos humanos no puede desconocer, no puede dejar de ver, ni dejar de oír el presente de estos clamores.
La lucha por las violaciones del pasado, se revitaliza con las luchas de estos presentes. Uniendo el ayer y el hoy se rebela más que nunca como una necesidad de existencia del pueblo argentino. Este es el basamento sobre el cual avanzamos a nuevos encuentros para así hacernos visibles y proponer políticas activas que nos defiendan y posibiliten nuevos pasos de Justicia, Verdad y Memoria de todos y para todos.
En una palabra, la matriz ejercida sobre todas ellas que revelan puntos comunes del accionar del Estado Argentino expresado en su expresión nacional, provincial o municipal, de sus poderes concentrados en lo social y económico que demuestran claramente una matriz de impunidad ejercida con diversos grados de segregación político y social en todos los sentidos.
Estas causas intentan un camino de Justicia, Verdad y Memoria, cimentadas en un sendero que viene desde lejos y que fue parido por las luchas del pueblo argentino. No están divorciadas de nuestra rica historia, todo lo contrario, nos interpelan y nos comprometen. Muchas de ellas, iniciadas en una casi completa orfandad, discriminadas y hasta incomprendidas. Cercadas por el accionar impune y a su vez mediático, de un poder estatal expresado en funcionarios públicos y políticos específicos, elegidos a través del voto popular, que no constituye por si mismo ningún salvoconducto de inocencia ante hechos de su directa responsabilidad, comprometidos muchas veces con el poder privado, de fuerzas corporativas, que buscan constantemente no solo encubrir estas violaciones a los derechos humanos, sino también aislar, dividir, desprestigiar y hasta desequilibrar humanamente a sus denunciantes.
Los hechos que derivaron en causas judiciales, abarcan desde el asesinato perpetrado por fuerzas policiales, gatillo fácil y torturas, la desaparición de ciudadanas y ciudadanos, la muerte y el estrago producidos en inundaciones, el encubrimiento y mora judicial asfixiante, la trata de personas, la violencia sexual y posterior asesinato, la violencia de género y femicidios, los asesinatos de testigos en juicios de crímenes de lesa humanidad, sociales, laborales, o de denuncias represivas, las muertes evitable de nuestros de niños, jóvenes y mayormente de personas pobres. Todos, realizados en forma abierta o encubierta, instigados sin ninguna duda, por las mismas fuerzas represivas que lo produjeron con anterioridad.
Casos de enriquecimiento ilícitos, corrupción y negociados estatales y privados que determinan muertes masivas, ante tragedias evitables, muerte de centenares de argentinos convertidos en tragedias ante fenómenos naturales advertidos previamente, accidentes colectivos que poseen un claro contenido doloso, asesinatos en unidades penales provinciales o nacionales.
La ruptura del tejido social operado por planes de gobierno de neta dependencia económica hacia los sectores dominantes ha instaurado sin ninguna duda la existencia de la miseria planificada. Estos hechos históricos dejan como resultado y saldos la existencia de violencia y hechos aberrantes de contaminación social como es el narcotráfico, la trata de personas, la esclavización laboral, sostenidos por un entramado judicial, laboral, policial y desde los mismos resortes del Estado que por incapacidad, connivencia, alianza criminal, o asociación ilícita con los mismos, abren un panorama no solo desesperanzador sino sumamente peligroso para un Estado de Derecho, al ser el mismo Estado el ariete que ataca a sus ciudadanos.
Es ya común en nuestra patria que este clima social de desprotección de todo tipo ejerza una indefensión que domina territorialmente las ciudades en sus cordones más pobres. Estas acciones localizadas, delimitadas e intencionalmente ocultadas por políticas determinadas poseedoras del discurso de superficie de una “inclusión social” que nunca es suficiente, ni pueden elevarse al concepto de integración total de los sujetos individuales y colectivos con derechos integrales.
Esta política y concepción ideológica es abarcativa de una “contención social” cínica y adormecedora, encubriendo la trampa de la división social estratificada, de los sectores más estigmatizados, sindicados como los poseedores de todos los males sociales, que subdividen a los más pobres contra otros pobres, “buenos o malos”, “sumisos o rebeldes”. Se dividen nuestras ciudades invisiblemente como objetos de políticas y agendas de seguridad o ensayos represivos, ocasionando en forma planificada la existencia traumatizada de ciudadanos sin ciudadanía, al no poder acceder a una buena calidad de justicia, sin la presencia de los tan mentado “derechos adquiridos” que se transforman en la práctica en la desaparición de los mismos al identificarse sobre millones de argentinos una pobre existencia, sin acceso a estos derechos.
Salud social contaminada, sin derechos plenos de trabajo, buena educación y salud o carencias de viviendas dignas. Se ha edificado en estos 31 años de democracia un discurso burocrático del englobamiento cultural de la pobreza que sobrevuela minuto a minuto y que se traduce en la práctica, que los mismos son sólo merecedores de pobres valores de derechos. El acceso a los derechos constitucionales se convierte así en letra muerta, tras un plan sistemático de impunidad de los gobiernos, continuos violadores de estos derechos, esta exclusión se socializa al incluirlos sólo en posibles derechos cercenados de todo tipo, se reduce también como reflejo económico - político de esta situación a la básica ayuda social estrictamente contenida en un escalonamiento diferencial, que a la larga solo hace perdurar su estado de indefensión humana, que se justifica en las distintas esfera del mismo Estado. Estado convertido en cercenador serial de derechos, al quien al mismo tiempo le está todo permitido por ser la figura jurídica poseedora del poder.
El autoritarismo que encierra esta pobreza de derechos reales, abarca el ejercicio estatal, tanto en lo estrictamente publico como en su alianza sostenible con el llamado “esfuerzo privado” en un supuesto contenido social. No se hace otra cosa que establecer la escala de valores reales que transforma al mismo Estado en un violador serial, al discriminar en su accionar, privilegiando a las distintas clases de ciudadanos, en un escalamiento social claramente apartado de la totalidad de derechos humanos desde los más elementales a los más profundos.
Esta construcción camuflada, totalmente desequilibrada y justificada, ejerce una presión social incontrastable hacia los sectores más pobres, sólo merecedores de esfuerzos insuficientes, que al no colmar la demanda social se transforma en esfuerzos represivos de control social. Son en definitiva, la llamada seguridad ampliamente focalizada sobre la pobreza y conservadora hacia la propiedad privada de todo tipo, subordinando y atacando el derecho a una vida plena con distinto grados de agresividad según el lugar que se ocupa en la escala social.
Esta política se desarrolla separando las causas reales y superponiendo justificaciones ficticias desparramadas bajo un conjunto de preceptos culturales que envuelven el reclamo más elemental de los sectores más necesitados como es el caso del legítimo reclamo de Justicia convertido en una necesidad y que en la gran mayoría de las veces queda sin respuesta. Todo esto se refuerza como un castigo anticipado en la imposibilidad económica de litigar con igualdad. Y cuando se litiga, se atraviesa por la burocracia judicial, con tardanzas inacabables y un tratamiento funcional ampliamente ofensivo, legitimado por la misma y mal llamada “Justicia”.
La visibilidad social y mediática de estas luchas, es una necesidad popular, urgente e imperiosa.
Hoy se plantea la necesidad de una causa justa que movilice todas las fuerzas contenidas en estas causas y a su vez intente irradiar y construir una solidaridad social, de todos sectores más permeables a estos reclamos, que permita sostener la lucha contra la impunidad social, política y económica de los poderosos y a favor de los mas débiles, a nivel local, regional y nacional.
La igualdad social de derechos se ha travestido en Argentina tras el manto de una democracia profundamente endeudada con sus propios gobernados. Volver a sostener esfuerzos de luchas por la vigencia de los derechos humanos no puede desconocer, no puede dejar de ver, ni dejar de oír el presente de estos clamores.
La lucha por las violaciones del pasado, se revitaliza con las luchas de estos presentes. Uniendo el ayer y el hoy se rebela más que nunca como una necesidad de existencia del pueblo argentino. Este es el basamento sobre el cual avanzamos a nuevos encuentros para así hacernos visibles y proponer políticas activas que nos defiendan y posibiliten nuevos pasos de Justicia, Verdad y Memoria de todos y para todos.
MEDH SANTA FE
miércoles, 30 de abril de 2014
DOCUMENTO A 11 AÑOS DE LA INUNDACION DE SANTA FE
Inundados de ayer, inundados de hoy, de aquí y de todo el pais, a
los inundados por venir.
Un
nuevo año ha pasado y volvemos con otro 29 de abril a cuesta. Con todo lo que
somos, como individualidad humana y ciudadana, con nuestro reclamo colectivo,
con la consigna de Justicia, Verdad y Memoria, de juicio y castigo a todos los
responsables. De cárcel a los inundadores, de destitución de la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia
de Santa Fe.
Todo
lo que expresamos a lo largo de estos largos 11 años, siguen aquí intactos, con
todos los dolores, con toda la perseverancia testificada en incontables
muestras de luchas, movilizaciones, escraches, piquetes, asambleas, testimonios
vivos, cientos de charlas, de cientos de puertas que se abrieron, que nos
demostraron que cuando una lucha es justa, la solidaridad humana y social no es
ajena a los corazones y las mentes de los santafesinos y de todo el pueblo
argentino e incluso de personas no nacidas en estas tierras, que siguen
vinculadas por lazos irrompibles gestados en la inundación evitable del 2003 y
el 2007.
La
verdad y la memoria en esta plaza nunca han estado ausentes, la que todavía no
vino nunca es la Justicia. Esta
justicia provincial enceguecida de Impunidad política, que sigue protegiendo a
los principales inundadores. REUTEMANN se sigue apañando cobardemente en sus
fueros para declarar por escrito en esta causa que lo involucra como principal
responsable de las muertes del 29 de abril del 2003. Hoy ante la catarata de
pruebas demostradas en las audiencias de junio y julio del 2013, vuelve a
buscar protección política, lo hizo en el 2006 recostándose en la universidad
tecnológica sobre la falda del kirchnerismo, ahora lo intenta en un nuevo
reposicionamiento nacional al lado de Mazza.
El
otro gran inundador, Jorge Obeid, hoy fallecido, fue diferenciado de cualquier
mortal santafesino, por el simple hecho de morir, lo pasaron al pedestal de todas
las virtudes. La hipocresía de la mayoría de los partidos políticos con
representatividad, fue acompañada por una cantidad considerable de
comunicadores mediáticos. En la evaluación periodística y política se callaron
la boca y se la llenaron de impunidad, no lo vincularon con la mayor tragedia
de esta ciudad. Se olvidaron de la inauguración de la defensa inconclusa del
oeste, se olvidaron de su frase asustada con referencia al movimiento de
inundados cuando se escondió en el obispado en el 2003, y dijo “son cuatro
locos que protestan”. Se olvidaron de la inundación del 2007.
Hoy
el concejo municipal de esta ciudad le puso su nombre a la sala de sesiones,
mientras el nombre de ningunos de nuestros 158 muertos del 2003 y los tres del
2007, no figuran en esta su ciudad, están en el olvido, no aparecen en ninguna
parte.
La
invisibilidad del crimen hídrico sigue siendo moneda corriente y parte
constitutiva de esta política de camuflaje de muchos sectores políticos y
económicos, también del actual gobierno provincial y nacional. Mientras la
visibilidad de los inundadores se pondera, se defiende, se agasaja de cargos o
puestos públicos, se recuerda hasta con pleitesía como el caso de Mecier
esperado en la playa de estacionamiento por personal de la Corte Suprema de
Esta provincia para acompañarlo hasta la sala de audiencia de su declaración.
Por
eso decimos, sin faltarle el respeto a nadie que la muerte no constituye ningún
valor reparatorio para nadie, ni factor de redención política. En la memoria
del pueblo santafesino, no podemos olvidar los profundos daños que hicieron
estos gobernantes, sus apoyos a las privatizaciones, las exenciones de
impuestos a las grandes cerealeras, a las automotrices y las multinacionales
que nos explotan y contaminan. Los decretos de ayudar solo a los sectores económicos
poderosos en la segunda inundación del 2007, la insensibilidad de no dar muestra
de ningún gesto solidarios con los casi 80.000 santafesinos que volvieron a
sufrir el mismo flagelo por la desidia de Obeid y Balbarrey.
Hoy
por hoy muchos fariseos se olvidaron de su prontitud de ocultar todo lo
ocurrido en esta ciudad el 29 de abril del 2003 y un 29 de marzo del 2007. Se olvidaron
de las maniobras por esconder la verdad, por tejer impunidad sobre el 2003 y el
2007.
Una
parte se hizo desde el ente de la famosa reconstrucción. Desde ese lugar se
inspiró como política pública la mayor maniobra anticonstitucional jamás vista,
se inspiraron para realizar la más cruel de las injusticias llevadas a cabo por
el Estado santafesino. Planificaron una lobotomía gigante y masiva, con
bendición eclesiástica, de que el dinero de ayuda se hacía a cambio de
impunidad.
Esta
maniobra contra los barrios inundados fue programada con presicion quirúrgica,
para confundir, aquietar, dividir y hacer aceptar a la ciudadanía más golpeada,
la miseria jurídica más ilegal de toda la historia santafesina, instalando el
todo vale, que contra el Estado no hay derecho que valga. Los ciudadanos debían
renunciar al derecho de demandar para recibir una ayuda mezquina y desigual. Se
equipararon, sin ser comparable, con la Dictadura Militar
genocida, se auto-dictaron su propia amnistía política a través de medios
ilegales, intentando tapar todos los desastres que hicieron. Esa operatoria
nefasta y cruel sobre casi 140.000 santafesinos es la verdadera tumba política
que los ciudadanos inundados reconocemos, la otra no nos pertenece.
Nadie
levanto la voz sobre esto, nadie se acordó de la impunidad de Jorge Obeid,
ninguna facultad de derecho, ni publica ni católica, ningún diputado o senador,
ningún juez ni fiscal, todavía ha formulado ninguna investigación de cómo, para recibir una ayuda estatal, se debe
renunciar al derecho constitucional de obtener justicia. Ningún político,
ningún constitucionalista, que en esta provincia hay para hacer dulce, parecen
acordarse de estos hechos que llevamos sobre nuestras espaldas. Por eso decimos
con justicia, con nuestro loco entender de la lucha por la justicia, que la
verdad y la memoria están depositadas en todos ustedes, en el propio rescate
colectivo que hizo el pueblo santafesino, que la lucha nunca ha estado ausente
en esta plaza.
Los
que se olvidaron de todo esto y aceptaron a Reutemann y Obeid, como sus
candidato son dueños de sus propias elecciones.
Nosotros
elegimos nuestro propio camino de conciencia, que la dignidad no se vende, no
se rinde, ni es descartable ni reutilizable. No se puede lavar ni volver a
planchar. Nuestra lucha ha sido clara desde el primer día hasta hoy.
Hoy
por hoy, la famosa justicia santafesina está comprometida con lo declarado por
26 testigos durante las audiencias de sentencia del año pasado, tuvieron que
pasar más de 10 años para que acepten las pruebas que Patrizzi rechazó. Los
fiscales y el juez de sentencia tienen el mandato constitucional y la obligación
de abrirles causa e incorporarlos como acusados a Reutemann y a Mercier. Es más
si quisieran, y no estaríamos disconformes, a todos los funcionarios de los
gabinetes de Obeid y Reutemann.
Porque
todos los que participaron de la supuestamente olvidada reunión del 29 de abril
del 2003, aquí, en esta casa de gobierno y vieron el famoso mapa de hasta donde
llegaría el agua, fueron cómplices participativos de haber callado.
Una
vez más se lo pedimos, una vez más se lo decimos a esta justicia sorda, que
están claros los grados de responsabilidad política de la inundación de Santa
Fe del 2003, o hacen justicia o váyanse a sus casas, no nos roben más. Pongan
Uds. La responsabilidad que tienen que poner, nosotros ya les dimos todos los
elementos, no hay justificación para no actuar. ¡Hay 158 muertos, ¿qué más necesitan?! No le tengan miedo a la Corte Suprema de Justicia de
esta Provincia, porque si lo hacen estarán cumpliendo con su trabajo, el pueblo
se lo agradecerá por siempre, si no lo hacen se transforman en vendedores de
impunidad, se llevarán puesta una mancha imborrable y el repudio popular de por
vida como lo tienen Favaretto, De La
Torre , Candioti, Urdiales, Patrizzi y toda la Corte de la Suprema INJUSTICIA.
Sobre
la situación actual de nuestra ciudad, repetiremos… que volvemos a ver la
degradación política de los actuales campeones del maquillaje.
Ahora
tenemos otro nuevo galardón, con el intendente Corral a la cabeza, somos la alegre ciudad resiliente, Que
nos significa en la práctica este premio virtual… en pocas palabras, somos
ahora la ciudad avanzada, de las defensas terminadas, pero también somos en
nuestros barrios la mejor encerrada para lluvias intensas porque los desagües
no se terminan nunca o no existen, las obras necesarias con este ritmo se hacen
a paso de tortuga, mientras se destinan rápidamente millones para mejorar los
bulevares ricos, y el puerto privatizado donde tienen puesta el alma de su
iluminada Santa Fe del TC 2000.
De
una cosa estamos seguros, ahora podemos y debemos sonreír cuando nos llega el
agua hasta las rodillas así el Intendente nos puede ver con las nuevas cámaras
con que ha sembrado la ciudad. La teatralización de los actos de gobierno ya no
tiene límites, lanzan todas las semanas un desaforado marketing político, total
las consecuencias cuando llueve copiosamente o crece el Salado o el rio Paraná,
o cualquier otro fenómeno natural previsible, lo soportan principalmente el
arco de pobreza que circunda la ciudad, los pobladores más pobres, los más
necesitados, los marginados de obras y asistencia reales, los desocupados, los
pibes NI, los que no tienen nombre ni imagen, los que son solo cifras cada fin
de semana sangriento.
Seguimos
escribiendo la historia de las dos ciudades, la de las luces, que iluminan
circuitos callejeros nocturnos, puentes colgantes y casinos y la de las sombras,
las de calles enteras sin desagües, las de piletas barriales cerradas por vías
y avenidas. Las de días completos sin luz, las de barrios aislados sin
transporte público, la de la emergencia de seguridad con operativos masivos que
nunca se van a ocupar del verdadero dueño de la pelota en el narcotráfico que
son los soportes financieros que lavan los dineros en efectivo de este flagelo.
Mientras la realidad inexorable nos rodea, con la segura la inflación de todos
los días, de la salud que no se acomoda nunca, de la educación insuficiente, de
la necesidad de viviendas dignas que agoniza en cada sorteo o en cada desalojo,
siempre faltan presupuestos que ataquen las condiciones estructurales de la
pobreza y la injusticia social. Mientras las cien mas grandes empresas de esta
provincia no pagan ingresos brutos, mientras la empresa belga argentina que
tiene consecionado el río Paraná se llevo en los últimos 10 años 2.800 millones
de dólares de ganancias.
El
control social se lleva a cabo sobre los pobres, ensayado en Rosario por la gendarmería
nacional y en los barrios del oeste por la policía provincial, estos ejercicios
represivos no tienen el fin de acabar con el narcotráfico, porque al
narcotráfico se lo construyo políticamente, económicamente, estructuralmente
con la miseria planificada, con la concentración económica más feroz de los
últimos 25 años. Se lo decimos con todas las letras, si quieren agarrar al
mayor asesino serial que tiene esta provincia, con 9 muertos en diciembre del
2001, y 158 muertos por el mayor crimen hídrico de nuestra historia, atiende en
Buenos Aires, y tiene su aguantadero como senador nacional y se llama Carlos
Alberto Reutemann.
En
estos once años se han sucedido desastres, a lo largo y ancho del país: aludes
en Tartagal y Catamarca, inundaciones en La Plata , Buenos Aires, Luján y Neuquén, por
mencionar algunos. Todos estos hechos no son caprichos de la naturaleza sino el
producto de desidias políticas que tienen responsables y que más temprano que
tarde tendrán que dar cuenta ante la justicia y pagar por lo que no hicieron.
Cuando
ocurren estos hechos, todos los ojos miran a Santa Fe. La causa de la
inundación es emblemática, genera expectativas respecto a si la justicia
argentina alguna vez llegará a los responsables políticos. Podemos decir que no
es menor lo que hemos logrado. Tenemos un ex intendente, un ex ministro de
obras públicas y un ex secretario de asuntos hídricos, procesados por estrago
culposo agravado por la muerte de 18 personas. Por primera vez en la historia
santafesina, hemos logrado que dos ex gobernadores y un ex ministro de hacienda
y de obras públicas por dos periodos, tengan que ir a declarar ante estos
tribunales. A Todos ellos y ante esta
justicia que es de ellos, luego de once años inclaudicables, les hemos
brindados pruebas suficientes para acusarlos, pruebas que ningún fiscal ni juez
de instrucción pudieron hallar porque ni las buscaron, al contrario, las
escondieron a pocos metros de sus despachos. Tendríamos que poder juzgarlos a
todos, a los inundadores políticos y estos jueces incapaces al mandato judicial
otorgado por el pueblo santafesino. Recientemente, el Juez Cristian Fiz rechazo
el planteo de prescripción presentado por la defensa de Alvarez y entre sus
argumentos plantea que si es mucho el tiempo transcurrido para el imputado,
¿qué queda para las víctimas?, en un claro reconocimiento de la mora y
consiguiente ausencia de justicia.
Estos
logros han sido producto de una larga lucha. Lucha que debemos seguir y ampliar,
uniéndonos en nuestra Patria con muchísimas causas impunes de toda naturaleza,
que están bañadas por el río mas calido para el conjunto de corruptos y
responsables de pérdidas de vidas argentinas. Ese río verdadero que nos
contamina diariamente y que TAMBIEN debemos torcerle el brazo, porque nos
inunda de injusticias, se llama IMPUNIDAD POLITICA Y JUDICIAL. Este es el
próximo limite a romper, la mejor defensa que podemos edificar para nuestros
hijos y nietos, como posibilidad cierta de construir un pais para todos.
Por
la memoria de nuestros muertos, los del 2003 y los del 2007, por los de la
ciudad de La Plata ,
los de Catamarca y de tantos lugares.
Por
la dignidad y la coherencia de todos los que nunca faltaron a la cita en esta
plaza. Volvemos a decir, con voz franca y solidaria, Inundados
de ayer, inundados de hoy, de aquí y de todo el pais, a los inundados por venir,
la lucha es inmensa y despareja, pero tenemos algo que ellos no tienen y no
tendrán nunca. Nos rescatamos a nosotros mismos. Solo el pueblo salvo al pueblo.
Por el derecho que tenemos y porque nos
merecemos vivir en una ciudad y un país, donde la vida sea el bien más preciado
y respetado.
JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS Y
ENFERMOS
JUICIO Y CARCEL A TODOS LOS CULPABLES
CONFISCACION DE TODOS SUS BIENES
DESTITUCION DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
INDEMNIZACION PARA LOS AFECTADOS
Documento elaborado por la Asamblea de Inundados:
Carpa Negra
Marcha de las Antorchas
Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos
Iglesia Evangélica Metodista Santa Fe
Asociación Civil Juanito Laguna
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
(MOI)
Madreselva
Proyecto Revuelta
Organización territorial El Cuco
ALDE
MATE
Martín Fierro
Materia
Senderos
Convergencia Socialista
PCR
JCR
CCC
MST
ANUSATE
ADHIEREN A ESTE DOCUMENTO
ATE Rosario
CTA ROSARIO
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viernes, 11 de abril de 2014
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