Cuando el
ministro de gobierno dice que con lo sucedido “no hay que tener cola de paja”,
creemos todo lo contrario, que todos
tienen cola paja y valentías de algodón.
El escándalo
desatado por el accionar del ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe
Hugo Tognoli abraza a todo el Estado y al estabhlismen político provincial. Es más,
esta ligazón fue largamente denunciada y se mantuvo latente a lo largo de los
años en un permanente reclamo en diversos sectores sociales de opinión y de lucha.
La existencia tolerada de una “política en la policía provincial perforada por
el narcotráfico” no debe sorprender a nadie en esta región del país. Y No solo es patrimonio de esta
provincia, es un problema nacional y abarca a todo su territorio sin límites de
jurisdicciones.
Quienes se rasguen
las vestiduras y clamen su inmaculada inocencia política sobre el caso Tognoli
o su ignorancia sobre este tema que hoy azota nuestra sociedad, no hace otra
cosa que alimentar las inseguridades y especulaciones de todo tipo, sin
descartar los cálculos electoralistas en esta provincia. Esta actitud está
cargada de hipocresía e intenta disminuir y tapar las responsabilidades
políticas, que son verdades conocidas desde hace décadas, Vernet, Reviglio,
Reutemann, Obeid, incluidos sus dos mandatos que sumaron dieciséis años, todos pactaron con la estructura policial
delincuencial. Eso también es parte de la verdad.
De la misma
manera que son un mamarracho las declaraciones del gobierno provincial que fue
sorprendido en su “ingenuidad” por la “malicia” de un gobierno nacional que no
le informó las investigaciones realizadas desde un ente federal al gobernador
Bonfatti. Esto nos hace recordar a los santafesinos, y salvando las distancias,
se asemeja a la farsa del mismísimo
Carlos Alberto Reutemann en las formas de su actuación ante la inundación del 2003,
cuando dijo “A mí nadie me avisó”. Al
Gobernador Bonfatti “nadie le avisó” de lo que ocurría en la provincia de Santa
Fe en el ámbito policial, desde hace larguísimo tiempo.
O vivía en otro país o su
actuación es patética.
Al hablar de acción política
sobre estos hechos destapados, recomiendan ante todo una reflexión democrática profunda
que no sólo se debe reportar como cuestionante. Es nuestro deber como
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos ser confrontativos, debemos anteponer con
valentía sus antagonismos históricos en todo este accionar dejado a la luz y a
los cuales no les debemos temer, todo lo contrario, debemos oponer una
participación activa de toda la sociedad democrática, porque no hay que
desconocer que actúan sobre las fuerzas de seguridad sectores e intereses
corporativos no sólo delincuenciales sino también grandes intereses políticos
económicos minoritarios pero de gran poder social.
La “reorganización”,
la “transformación”, la “depuración” de las fuerzas de “seguridad”, póngasele el titulo o la
disertación que se quiera poner, es un tema de larga data en Argentina y en
Santa Fe en particular. Sea con el gobierno que sea, todos elegidos por el
mandato popular, todos han expresado lo mismo “a la policía no la podemos controlar”. Todos han negociado áreas
liberadas, espacios de control delincuencial y muchos han recogidos los diezmos
para las cajas políticas de dicho accionar.
Desde el mismo comienzo de la restauración democrática en 1983, ha sido un reclamo
ciudadano, provincial y nacional de distintos sectores sociales, y de los organismos
de DD.HH en primer lugar, el desmantelamiento de los aparato represivos y de
control ciudadano.
En el terreno provincial Nadie recogió
el sayo.
Todos declamaron compromisos,
pero ninguna fuerza política a cargo del gobierno dio un paso hacia la conformación
de fuerzas de seguridad de caracteres nuevos y democráticos. Todas remendaron
su contingencia represiva
Todas las
fuerzas policiales provinciales fueron escaladas en la violencia para-estatal
por el Terrorismo de Estado de 1976
a 1983, por acotar un período específico en el tiempo
actual, pero sin desconocer que su historia represiva sobrepasa largamente esta
fecha. La policía provincial posee un largo historial de comportamientos antidemocráticos,
con represiones de principio de siglo a favor de los más poderosos o su acción
de servidumbre hacia intereses económicos inculcados por el poder político como
fue el caso de la Forestal
inglesa, persiguiendo y reprimiendo sus activistas sindicales y políticos llegando
incluso a sus asesinatos. Tampoco desentonó con el primer golpe de Estado
cívico militar que se produjo en Argentina en 1930, su accionar innovador fue el
fusilamiento de anarquistas. El albañil y canillita Joaquín Penina fue
desaparecido y fusilado clandestinamente en Rosario a solo cinco días de este
golpe cívico militar entre el 9 y 11 de septiembre de 1930 junto a las orillas
del arroyo saladillo de Rosario. El otro galardón que también posee la policía
santafesina y otra vez en Rosario, fue la desaparición del médico comunista Ingarinella
en 1953. Fue utilizada durante todo este periodo desde el golpe de 1955 como
acompañante necesario de las FF.AA en cuanta represión se efectuada contra la
ciudadanía o el movimiento obrero. En la década de 1970 hasta 1973, tuvo a su cargo directo las desapariciones
junto a fuerzas del Ejército del obrero Telésforo Gomes, del estudiante
Brandazza. Solo por citar estos dos nombres, más los asesinatos de estudiantes
y trabajadores efectuados durante el Rosariazo. Conforman una larga lista de
crímenes de lesa humanidad de esta fuerza provincial que llamamos de seguridad.
En los últimos cuarenta años no
dejaron de ser escaladas hacia el control social, en una mezcla sin solución de
continuidad, estructuradas de manera acorde a los aires de la doctrina de seguridad
nacional tan en boga y aún existentes, se sucedieron en la doctrina neoliberal
de hacer de primer muro de contención del descontento y resistencia popular..
En tiempos democráticos ningún gobernador, ningún poder legislativo se enfrentó
con su pasado real, y debemos agregar la connivencia judicial que le ha dejado
hacer lo que quieran.
Sus recaudaciones económicas de
la prostitución institucionalizada, el juego clandestino de quínelas y casinos
o cuevas de la timba, fueron una acción ensobrada de billetes que en algún
cajón de la casa gris iban a parar. La institución policial fue tolerada en su
accionar social por el poder político y judicial hacia el delito.
Pero debemos destacar que la
diferencia que se operó durante el Terrorismo de Estado fue la conformación de
grupos autónomos de interfuerzas de “seguridad”, bandas de saqueadores y
secuestradores, asesinos y ladrones, con infraestructura estatal y con
padrinazgo y dirigencia exclusiva de jefes militares del segundo cuerpo de Ejército.
Con lazos empresariales que se han mantenido en las sombras. Empresas como
Acindar, John Deer, FIAT, Swift, por nombrar solo algunas, se constituyeron en
aportantes económicos de estos grupos terroristas de estado, incluso comenzaron
a estructurarlos durante 1975. Recordemos el operativo lopezrreguista contra
las fábricas y el pueblo combativo de Villa Constitución. Este accionar se
produjo antes y durante la
Dictadura Cívica Militar 1976 -1983.
La mentalidad de su accionar sin límites
fue desatado y librado de su bozal, militares y policías conformaron patotas
por todos conocidos como la “pesada” a plena luz del día o de noche, temidas
incluso hacia el propio interior de su cuerpo policial. Se había roto así
definitivamente todo resquicio de constitucionalidad. Todo este periodo
diferente a los anteriores golpes de Estado dejó una larga lista de cuadros
represivos. Esta instauración de grupos operativos selló un hecho desgraciado y
cobarde para el periodo democrático iniciado en 1983. Sus jefes más promiscuos
y asesinos fueron sostenidos luego por
los gobiernos electos por el voto popular. Sobre semejante base no había porque
sorprenderse, la heredad de semejante fuerza de “seguridad” se transformó en
“dinastía” de cuerpos delictivos legalizados e intocables.
Queda claro que con el
advenimiento de la democracia nunca volvieron a reencausarse. Habían acumulado
tal poder de conocimiento y entramado social hacia todo tipo de delitos que
justamente eso la constituía como una fuerza temible y de poder en toda la
provincia.
Ante cualquier
intento de ponerlas entre calzadores, se chocaba con su chantaje de montar
operaciones de “inteligencia y coerción” pues poseían archivos sobre todas las
fuerzas políticas y las agachadas de muchos de sus representantes más ilustres.
Estas maniobras tuvieron sus resultados. Los gobiernos fueron remisos e
incapaces de alguna acción profunda hacia ella. Es más, la realidad dio vuelcos
de campana, algunos de sus comisarios se convirtieron en representantes políticos
de comunidades medias o pequeñas y por el voto popular sea en intendencias o
diputaciones.
Las bandas
dejadas por la dictadura nunca se desarmaron del todo, y comenzaron a operar en
otros rubros. Desde el robo de los documentos que la comprometían de la CONADEP provincial en los
tribunales de Rosario, los asaltos a camiones recaudadores cuando Cevallos era
ministro de gobierno de Vernet, el abigeato de animales en regiones rurales,
incluso el saqueo descarado de campos ubicados frente mismo del cuartel de los
Pumas en el norte provincial con ganado vacuno subido a camiones en sus mismas
narices o ellos haciendo guardia, los asesinatos del gatillo fácil en Santa Fe
y Rosario, la piratería del asfalto en el triángulo de las bermudas del sur
provincial en combinación con la policía de la provincia de Buenos Aires, el
robo de camiones con municiones a armerías privadas, el denso tráfico de armas
menores hacia bandas mixtas u obedientes, el entramado con malandrines que se
ocupaban de la trata de personas en general chicas menores de los barrios más
pobres, sus suministros a los “cabaret de la soja”, “los accidentes” y muerte
de dos jefes de drogas peligrosas, o de agentes que denunciaban delitos, se
transformaron en policías “suicidados” con su arma reglamentaria sin nota de
suicidio y disparo efectuado con su mano menos hábil.
Estos hechos
son sólo algunos casos que podemos mencionar. Fueron índice que nada detendría
su accionar de mafias bien organizadas, recaudadoras, impunes y corruptas. Pero
lo peor es que fueron y son apañadas por el mismo poder que se sirve de ellas.
Hay una doble acción entre ambas, la interna policial juega sus cartas
políticas y la interna de la política provincial juega también sus “contactos”
en la interna policial.
Cuántas veces
se dijo que la provincia de Santa Fe era un gran portavión encallado donde descendían
avionetas del Paraguay con drogas y contrabandos. Cuántas veces se denunció la
connivencia narco policial en los barrios más pobres y en los boliches de jóvenes,
bailantas o hinchadas de fútbol con sus disputas sangrientas de territorio. Es más
dentro de las mismas fuerzas policiales se produjeron estas disputas, y con
otras fuerzas nacionales e internacionales. Hay que recordar aquí la camioneta
cargada de cocaína del Ministerio Nacional de Bienestar Social o las
exportaciones de palo borracho a Italia desde una localidad de no más de 300
habitantes cerca de San Javier denominado Colonia Francesa con troncos llenos
de droga.
¿Cuántas fugas de narcos de las
comisarias provinciales se produjeron. O acaso estas disputas no llegaron a las
cárceles? Recordemos la masacre de Coronda con sus pabellones abiertos por la
complicidad penitenciaria, o ¿quién abastece a un conocido ex juez federal
preso por delito de lesa humanidad del polvo blanco que alegra sus días? El
espíritu santo no es. O acaso no son chantajeados o abastecidos, algunos
periodistas, políticos, empresarios, profesionales, y sindicalistas que adolecen
del mismo vicio enfermante?
El narcotráfico y el narcoconsumo
establecen relaciones de poder, entrelazamientos, connivencias, sobornos,
amedrentamiento sobre todo el cuerpo social. Esto las cúpulas altas y medias
policiales lo saben manejar desde hace largo tiempo en la esfera política,
judicial y económica.
Ante todo es
un negocio en efectivo y en dólares. ¿Quiénes son las financieras que lo
facilitan, quiénes son los protegidos por el poder policial, político y
judicial en la provincia? Las grandes ciudades necesitan un abastecimiento
diario de consumo de cocaína, marihuana o paco escalado socialmente, que ya
sobrepasa decenas de kilos. Multipliquemos por un año y se verá que lo que se
descubre es solo la punta del iceberg. Este naufragio social, este azote delictivo
es instituido e institucionalizado como inmunidad política, judicial y
delictiva por este flagelo.
Hace mucho tiempo que los Estados
son generadores impunes de la propia inseguridad porque antes establecieron
condiciones inseguras de legalidad de lo ilegal. Con la impunidad y la
corrupción establecieron condiciones sociales para su desarrollo. Con la precariedad laboral y la desocupación,
establecieron las condiciones de desigualdad y quiebres sociales con daños
masivos. Con la incapacidad educativa en miles de chicos pobres establecieron
una desorganización descomunal que lleva años produciendo verdaderos ghetos en
los barrios más pobres y cada vez se extiende más. La inseguridad social es un
fenómeno que debe reconocer la inseguridad política y del Estado constituida
por quienes deben gobernar y fracasan una y otra vez en construir políticas
para que estas sociedades sean más igualitarias y menos inseguras.
El 27 de
diciembre de 2007 le preguntamos al gobernador Binner qué pensaba hacer con la policía
santafesina. Contestó que él partía del supuesto de que toda la policía era
buena. Alicia en el pais de las maravillas no hubiera estado más candido que la
respuesta dada por su incapacidad y falta de valentía política en enfrentar lo
que hay que enfrentar y lo que hoy hay que enfrentar, mas allá de cualquier
especulación política, si se quiere transformar el actual estado sea provincial
o nacional.
El
que crea que el caso Tognoli es un problema sólo del gobierno provincial, y que
con su nueva comisión creada se reencausara el problema, puede estar en
condiciones de recibir el premio a la estupidez mas hipócrita. La cuestiones de
la seguridad de una sociedad insegura en sus faltas de remedios sociales auténticos
y valerosos, demuestra su larga enfermedad de desigualdad, explotación privada
de sus recursos de las riquezas sociales. El andamiaje de un aparato estatal
largamente cuestionado y corrupto, representativo de una burocracia política
que solo ha librado las batallas de los asientos cómodos y rentables para irse
luego a gozar de los beneficios de una buena jubilación privilegiada y
aportadas por todos los santafesinos, sin ser merecedores de ningún castigo
institucional por su ineptitud corporativa, estas banderas de fracasos son su
estandarte, otro hoy no pueden demostrar. Basta observar los grados de
violencia que padecen los barrios más necesitados del oeste y norte santafesino
o los de Rosario para entender si aún contienen algún grado de sensibilidad
social, que son los pobres principalmente quienes ponen los muertos de sus
desaciertos.
Los
fracasos de las gestiones de incapaces, cansan los ánimos populares y son cada
vez más rápidos.
Por eso volvemos a decir:
Esta policía
que mató en las calles a sus ciudadanos con orden verbal de su gobernador
Reutemann en el 2001, gobernador que nunca pagó por sus delitos, que luego
inundó su ciudad capital sin ningún cuestionamiento judicial. Semejantes
ejemplos siembran poder de impunidad que toda corporación desea tener y más una
mafiosa como estas cúpulas policiales que fueron parte activa de estas
historias.
Esta provincia
que no soporta en su poder legislativo una auditoría imparcial de sus
declaraciones juradas de patrimonio, sirve de escudo para el mismo accionar
policial que ansia acumular rápidamente y como sea, riquezas personales. Esta provincia que posee entre sus miembros de
su Corte Suprema de Justicia provincial un miembro que intentó sobornar a un
policía de un país vecino y fue demorado por este hecho en ese paisito, sin que
nada ocurriera a su vuelta a esta provincia. Son sobradas o pequeñas muestras
que esta provincia éticamente esta corroída hasta los huesos por una enfermedad
en la que el caso Tognoli pese a su gravedad, es una muestra más.
Un jefe de
policía que huye prófugo y tarda dos días en presentarse a la justicia sin que
nadie lo detenga ni localice, deja claro que tenía que negociar con sus
patrocinadores, sus cómplices y contactos, el costo de sus andanzas.
Toda crisis
abre las perspectivas de la historia. O se rompe con su pasado o se sucumbe
ante él.
Existe esta
posibilidad de optar y estas opciones son de cara a toda la sociedad
santafesina. O irrumpe una propuesta transformadora de diversos caminos, de
carácter democrática, dando participación activa a todo el cuerpo social
enfermo y atacado para tensar todas las fuerzas de reserva solidaria para poder
constituir un horizonte de avance valedero y de seguridades reales, o sus
representantes gobernantes y políticos cada uno con su libreto se aislarán en
el propio juego de sus internas estadísticas y mediáticas de cálculos de
riesgos y votos, pactando con otra cúpula policial, pintando de nuevo la vieja
casa, que al final un día se caerá a pedazos por el propio peso de sus
inmundicias delictivas.
El camino está
abierto, nadie posee fórmulas mágicas. El intento debe ser participativo y
social, abarcativo de todas las reservas que esta sociedad aún posee, porque
los poderes aislados que dicen representar al pueblo ya fracasaron más de una
vez. Esa es la verdadera inseguridad social. Sino se reconoce dónde se fracasa,
las consecuencias las seguiremos pagando todos los santafesino y en primer
lugar los más pobres.
Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos. Regional Santa Fe.
30 de octubre
2012.
